Recuperación sin empleo
En muchas de las economías de la OCDE más afectadas por la crisis económica global el desempleo ha alcanzado niveles históricamente elevados. También en la mayoría la corrección de ese desequilibrio está siendo mucho más lenta que la recuperación del ritmo de crecimiento económico. El exceso de capacidad instalada que la propia crisis está denunciando en la mayoría de los sectores económicos, al acelerar una suerte de limpieza en el censo de oferentes, anticipa el mantenimiento de elevadas tasas de paro en esas economías. Este revestirá una dimensión tanto más estructural cuando menos cualificada sea esa oferta de trabajo y más difícil su asignación a otros sectores. Sólo las economías más flexibles, aquellas en las que el patrón de crecimiento esté más diversificado y la movilidad funcional del factor trabajo sea mayor, sufrirán menos y durante menos tiempo un elevado desempleo. Lamentablemente, no será el caso de la economía española.
El paro registrado correspondiente a marzo, conocido esta semana, así como los datos que aporte la Encuesta de Población Activa (EPA) seguirán dejando constancia de la muy adversa singularidad española. Claro que los ritmos de aumento del paro irán ralentizándose, pero una vez instalados en las proximidades del 20% de la población activa (el doble de Europa), el desempleo español tardará en mejorar de forma significativa. Ese retraso no será sólo la consecuencia de rigideces en el funcionamiento del mercado como de la ausencia de empresas en número suficiente y con la oferta adecuada como para aprovechar de forma rápida el buen comportamiento de la demanda en otras economías. En la conformación del PIB en los años de expansión las autoridades apenas se preocuparon de diversificar la oferta. La orfandad en sectores intensivos en conocimiento no les preocupaba a los gobiernos de uno y otro partido, que veían aumentar de forma espectacular los ingresos tributarios año tras año.
Ahora la realidad es tozuda. No será fácil reubicar a los trabajadores desempleados del sector de la construcción residencial y otros sectores de escasa capacidad competitiva internacional. A las consecuencias de esa ausencia de políticas de mejora de la oferta en el pasado se unen las derivadas de la peor de las situaciones por las que atraviesan los sistemas bancarios, el español incluido. El racionamiento crediticio no favorece que aquellas pequeñas y medianas empresas con capacidad para vender fuera puedan financiar sus proyectos y pedidos. Mucho menos que se cubra el déficit de capital tecnológico y humano que todavía exhibe nuestra economía.
Las restricciones presupuestarias vigentes, en un contexto de escrutinio permanente por los mercados financieros, no dejan más margen de actuación que los destinados a avanzar en reformas de mejora de la oferta, incluida la normalización del funcionamiento del sistema crediticio. Tampoco cuesta dinero que autoridades y oposición traten de actuar conjuntamente, conviniendo en actuaciones que permitan la reducción de ese otro desequilibrio dañado. El de la desconfianza de los agentes económicos nacionales e internacionales en la capacidad de nuestro país para definir rápidamente la senda de corrección de una tasa de desempleo que denuncia la distancia a una economía moderna y la merma del potencial de crecimiento.
