Reforma laboral integral ya
Aunque con retraso, parece que ya hay consenso político sobre la necesidad de acometer una reforma laboral que aporte mayor flexibilidad al mercado y favorezca la futura creación de empleo. Como se ha comprobado con los efectos de la crisis en España, la mayor proporción de destrucción de empleo respecto a la caída del PIB que la ocurrida en nuestros socios europeos, es consecuencia de la nefasta dualidad existente en el mercado de trabajo español, entre las condiciones de contratación de los trabajadores fijos y los temporales. Todavía arrastramos condiciones del mercado laboral provenientes de la etapa de autarquía en las que las condiciones del sistema productivo y del comercio internacional eran totalmente diferentes.
Aún arrastramos condiciones del mercado laboral provenientes de la etapa de autarquía
Hay cambios legislativos que deben formar parte de la reforma integral y que son obligación del Gobierno
Como ya expuse en un artículo anterior sobre el mismo tema, no debe caerse en la trampa de referirse sólo al abaratamiento y/o reducción de costes del despido. Es necesario estudiar con profundidad todos los aspectos del mercado laboral buscando mayor flexibilidad en condiciones más justas. Se trata de conseguir un mercado más flexible pero al mismo tiempo más estable (para los que ahora carecen de cualquier tipo de estabilidad) y aumentar la eficacia del mismo en la distribución del trabajo.
Por tanto, no se puede perder la oportunidad de realizar una reforma integral del mercado laboral, que debería acometer no sólo los aspectos de la contratación sino también los de la negociación colectiva y las políticas activas de empleo. Existen estudios competentes de instituciones internacionales y nacionales (FMI, OCDE, BE) y gabinetes de estudios (FEDEA, BBVA, Círculo de Empresarios) en los que se analizan los pormenores de esta necesaria reforma y se sugieren soluciones diversas. También se analiza el funcionamiento de los mercados laborales de otros países aportando diversidad de soluciones a considerar.
En cuanto a la contratación, existe un cierto acuerdo de impulsar un nuevo tipo de contrato fijo que reduzca los costes (especialmente el de despido del contrato indefinido) aunque aumentando los de los contratos temporales que ahora son despedidos sin indemnización al finalizar del contrato, aunque se haya tratado de un trabajo con cierta continuidad y falsa temporalidad. Se trata de reducir la elevada tasa de temporalidad existente en España, limitando este tipo de contrato únicamente para acometer tareas realmente temporales. El nuevo contrato indefinido, daría una mayor seguridad a los trabajadores de colectivo importante del mercado español. La propuesta del Gobierno, se centra en un coste del despido del contrato indefinido de 33 días por año trabajado y se discute una posible bonificación del Estado que se espera compensar con el aumento de las cotizaciones obtenidas con los nuevos empleos creados.
La propuesta del Gobierno se olvida de los aspectos a modificar en la negociación colectiva. Con la excusa de que este tema debe tratarse y acordarse exclusivamente entre los sindicatos y la patronal. Pero existe una necesidad de cambios legislativos que son obligación del Gobierno y deben formar parte de la reforma integral. La negociación colectiva actual de tipo sectorial impide una negociación en el ámbito de empresas más eficaz que introduzca los aspectos de productividad y resultados de las empresas que pueden ser muy diferentes dentro del mismo sector. Por otra parte, la indexación de los salarios con el resultado del IPC no favorece para nada aplicar los criterios de eficacia y productividad, ni siquiera en el sector público que debería modernizarse en su política salarial.
Por último, y aunque con efectos a medio y largo plazo la reforma no puede olvidarse de introducir algunos cambios en las llamadas políticas activas de empleo. Aspectos como la escasa movilidad actual de los trabajadores y la mala gestión del sistema público de empleo, reducen la flexibilidad del mercado e impiden la adecuación de la oferta y la demanda del trabajo. Tanto la reforma de la educación y en especial de la formación profesional son aspectos urgentes de realizar, aunque sus efectos sean a largo plazo.
Aunque la creación neta de empleo, en términos generales, no se producirá hasta que las tasas de crecimiento de la actividad (PIB) lo permitan, es cierto que entre empresas es necesario generar un grado de confianza y de seguridad en las reglas del juego económico y del mercado de trabajo, que impulse a las empresas a la creación de puestos de trabajo. Por ello es urgente acometer ya la reforma que lo posibilite.
Carmen Alcaide es analista y ex presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).
