Reformas estructurales y competitividad
En todos los informes, ya sean de instituciones internacionales (FMI, OCDE, CE) como nacionales (Banco de España), o de analistas, al referirse a la crisis en España se hace hincapié en la necesidad de acometer reformas estructurales que permitan cambiar el modelo productivo, que ha funcionado durante la fase expansiva basado en la construcción y el consumo, y poner las bases de otro más productivo y que permita la competición de los bienes y servicios españoles con los europeos y de otras áreas del mundo.
En ocasiones se considera como algo manido, que se utiliza como coletilla, sin entrar con profundidad en su significado. Por ello voy a referirme en sucesivos artículos a algunas reformas estructurales que tarde o temprano habrá que acometer. Todo lo que se tarde en iniciar las que se consideren imprescindibles retrasará o aminorará la posible recuperación de la economía española cuando se den las condiciones previas necesarias: la estabilización de los mercados financieros y bursátiles internacionales, y la recuperación de EE UU seguida de la recuperación de algunos países de la UE que son nuestros principales clientes (Reino Unido, Alemania, Francia).
Hay consenso en que las reformas son necesarias, y diferencias sobre cuáles hay que abordar y cómo hacerlo
Una vez aceptada la gravedad de la crisis, la cuestión es cómo y cuándo puede España salir de ella. El cuándo está muy condicionado por los acontecimientos internacionales, pero el cómo sí es responsabilidad del Gobierno con la ayuda y las decisiones de todos los agentes económicos: políticos, empresarios y ciudadanos. El riesgo nos lo marca muy claramente el FMI cuando refiriéndose a España dice que: "En ausencia de reformas más profundas, el crecimiento en el medio plazo corre el riesgo de ser débil durante un periodo prolongado (en forma de L), y el desempleo, alto".
No todas las opiniones son tan negativas. La OCDE, en su estudio "Sistema de indicadores de regulación de mercados de productos", considera que España ha llevado a cabo reformas profundas, amplias y sostenidas que han mejorado la competencia de sus mercados. Pero el informe también señala reformas que España debe acometer, como, por ejemplo, la reducción de cargas y trámites administrativos, el acceso a los servicios profesionales, los entes reguladores sectoriales y el comercio minorista.
Como ha señalado el Gobernador del Banco de España, en las actuaciones contra la crisis "hay que huir del cortoplacismo". Por el contrario, hay que pensar y actuar en función del medio y largo plazo. Las medidas que tienden a reformar el funcionamiento de la economía son las que se enfrentan al fondo de los problemas. En España tenemos básicamente dos que nos diferencian del resto de los países de la UE: el elevado endeudamiento, reflejado en nuestro déficit por cuenta corriente y que conlleva una elevada necesidad de financiación internacional, y el paro, básicamente causado por el exceso de peso de la construcción y la elevada temporalidad del mercado laboral. Contra las tesis que consideran y aducen que las medidas estructurales son inoportunas porque sus efectos son en el largo plazo, hay evidencias de que también pueden tener efectos favorables en el corto y medio plazo a través de la generación de confianza en los empresarios y los ciudadanos. Confianza muy necesaria en momentos en que nadie se atreve a invertir y todos restringimos el consumo.
Hay un amplio consenso respecto a la necesidad de abordar reformas que permitan aumentar la productividad (de todos los factores) y mejorar la flexibilidad de los mercados para hacer la economía más competitiva. Sin embargo, hay diferencias sobre qué reformas hacer y qué instrumentos utilizar. Aparte de la ideología política, en todas las posibles reformas intervienen diferentes agentes económicos, políticos y sociales, siendo necesario discutirlas y negociar para así llegar a un consenso que permita iniciar al menos algunas de ellas. Algunos han señalado la conveniencia de reeditar los Pactos de la Moncloa, que, con un amplio consenso, sirvieron en su día para sacar a España de una complicada situación. Aunque esto no sea posible o no entre en los planes del Gobierno, sí que es necesario que se abra el diálogo y la negociación para llegar a un posible consenso.
El Gobierno ha ido ofreciendo pequeñas reformas entre su conjunto de medidas contra la crisis, y en ocasiones los objetivos están bien formulados, pero el posterior desarrollo es al menos insuficiente y en algunos casos está muy retrasado. En el apartado de medidas estructurales se insiste en las ya contenidas en el Programa Nacional de Reformas (PNR 2005-2008) respecto a la inversión en infraestructuras, la formación profesional, la liberalización de mercados (aeropuertos y puertos, telecomunicaciones, servicios profesionales), el sector de la energía (Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables) la reducción de las trabas administrativas (ley paraguas).
Por tanto, el objetivo de las reformas parece estar claro para todos: recuperar la competitividad perdida frente al exterior aumentando nuestra productividad, flexibilizando la economía y liberalizando sectores y mercados. Siempre pensando en el medio y largo plazo, las soluciones pasan por: mejorar la calidad de la mano de obra, cuidando la educación y la formación, así como acometer una profunda reforma laboral. También la liberalización de los mercados requiere un conjunto de reformas: la del mercado del alquiler de vivienda, el de la energía, el impulso a la competencia en los servicios, especialmente en el comercio y el transporte ferroviario de mercancías. Y no olvidemos los servicios públicos. El sistema español, con el desarrollo de las autonomías, ha complicado la situación llegando a romperse en algunos aspectos el mercado único. La reforma de la Administración pública se hace cada vez más necesaria para reducir los costes administrativos de la producción de bienes y servicios. Por último, está la reforma de la estructura de la fiscalidad, por la que muchos analistas abogan para reducir los costes fiscales de las empresas (costes de la seguridad social, impuesto de sociedades, IVA, etcétera).
Como he comentado al principio, en sucesivos artículos iré analizando algunas de estas reformas, tratando de exponer las diferentes posturas y alternativas de los consejos institucionales, el Gobierno, la oposición política, los analistas, los agentes sociales, etcétera, y los posibles efectos de las diferentes recetas sobre la productividad y competitividad de la economía española. Es una reflexión difícil, pero que considero necesaria en estos momentos tan cruciales para el futuro de la economía española.
Carmen Alcaide es analista y ex presidenta del INE.
