La amenaza italiana
La suspensión de pagos de la deuda pública italiana ha dejado de ser una hipótesis remota. A tenor de su cotización en los mercados y de las condiciones en las que se ha resuelto la última subasta de bonos públicos, es un desenlace al que se le atribuyen crecientes probabilidades. Los tipos de interés de los bonos a diez años han superado las referencias en las que otros miembros de la eurozona precisaron del rescate por la European Financial Stability Facility (EFSF). El acceso a los mercados para refinanciar los cuantiosos vencimientos inmediatos puede quedar prácticamente bloqueado en ausencia de soluciones. Y las salidas, aun cuando se beneficien del abandono del primer ministro Berlusconi, no son hoy mucho más factibles que en las últimas jornadas.
La gestión de la crisis de la deuda pública en la eurozona -por los Gobiernos nacionales y por las instituciones comunitarias- está resultando tan torpe como los más escépticos anticipaban. La inacción, que en un principio podía interpretarse como el castigo de los Gobiernos de los países centrales y del BCE a los Gobiernos reticentes a emprender reformas y ajustes fiscales, ha pasado a constituir un exponente de la confusión reinante. Peligroso, en la medida en que está siendo asimilado por los mercados, en cuya cotización ya es hoy determinante ese bloqueo político e institucional.
No acaba de entenderse la actitud del Gobierno alemán y del propio BCE. La suspensión de pagos de Italia, y su correspondiente contagio a otros países que comparten moneda, dejaría al conjunto del sistema bancario de la eurozona en una situación ciertamente complicada. Desde luego, a los alemanes y franceses. Su impacto sobre la propia integridad de la zona euro sería notable: algunas economías quedarían excluidas del euro en su conformación actual, dando lugar a una escalada de prácticas distantes de las exigidas por el mercado único comunitario. La propia arquitectura institucional del conjunto de la UE quedaría amenazada.
El problema italiano ha dejado ser local. Con independencia de las exigencias al nuevo Gobierno, en términos de reformas y de programa de ajuste fiscal creíble, es de todo punto necesario priorizar el levantamiento de un cortafuegos que impida dinamitar más de medio siglo de integración europea. Una desordenada suspensión de pagos de Italia acentuaría la recesión, ya prácticamente instalada en la eurozona, y desde luego la prolongaría mucho más tiempo del que todavía puede evitarse. La única vía de neutralizar la propagación de esa amenaza italiana es que el BCE se comprometa de forma mucho más agresiva a adquirir los montantes de deuda pública que hagan falta de los países amenazados. Bien directamente o financiando a la EFSF, junto a otras instituciones financieras internacionales e inversores. La situación es de emergencia, y, en consecuencia, las decisiones han de ser igualmente excepcionales. No es el momento de interpretaciones rígidas de la capacidad de maniobra de las instituciones, empezando por un banco central que durante toda la crisis ha ido detrás de los acontecimientos. De poco le servirá ahora su celo antiinflacionista y la autonomía respecto a los Gobiernos si lo que está en juego es su propia existencia.
