Un caso patológico
La intervención del Banco de Valencia, aquejado de una ruina galopante, ha puesto en el escaparate el asombroso caso del sistema financiero valenciano, prácticamente desaparecido en seis meses a causa de pésimas decisiones estratégicas y de las malas prácticas de sus gestores. El Banco de Valencia no es una gran entidad, y el impacto de su entrada en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no parece demasiado elevado. Pero es un ejemplo perfecto de las pésimas consecuencias que puede acarrear a un banco o una caja de ahorros la confusión entre políticos y gestores financieros. Los casos de Bancaja (integrada en Bankia para evitar su quiebra), la CAM y el propio Banco de Valencia demuestran que en la Comunidad Valenciana ha ejercido durante los mandatos del PP una gestión peculiar e incontrolada de las instituciones bancarias que, a la postre, ha causado pérdidas y quiebras. Estamos ante un caso de patología financiera digno de estudio.
Sirva como muestra el hecho de que José Luis Olivas, expresidente de la comunidad, exconsejero de Hacienda con Eduardo Zaplana y exconcejal de Hacienda con Rita Barberá, esté en el vértice de un triángulo formado por el poder político (el PP y la Generalitat valenciana), el Banco de Valencia y Bancaja, en los dos últimos casos como presidente. El modelo del PP en la autonomía ha consistido en ocupar el poder en las instituciones financieras y utilizar los recursos de las cajas sin control ni medida, a discreción. Con el dinero de las entidades financieras, controladas por cargos políticos, se financiaron varias ruinas y quiebras, como Terra Mítica, el circuito de Fórmula 1, la liberalización de la Sanidad (en la que se involucró una empresa participada por CAM y Bancaja) o el aeropuerto de Castellón. Con esta cartera de inversiones, cabe deducir que los Gobiernos autonómico y municipal de la región impusieron al sistema financiero obligaciones de inversión sin rentabilidad alguna.
La participación directa de representantes políticos en las cajas de ahorros ha sido un asunto controvertido y no existen conclusiones terminantes al respecto. En algunos casos ha dado lugar a gestiones excelentes, como en el caso de las cajas vascas, Caja Navarra, Asturias o Murcia. Por lo general, el éxito de las cajas es inversamente proporcional a la intervención de los representantes políticos en la gestión. En otros casos, el manoseo político y el afán por utilizar las cajas como ventanilla para financiar las inversiones megalómanas de las autonomías (para ganar o mantener el voto) han conducido a fracasos como el de Galicia, Valencia o la intervención de la CCM (Caja Castilla-La Mancha). El modelo financiero ya ha cambiado en toda España, con la formación de Bankia, Banca Cívica y otros bancos procedentes de fusiones de cajas. Pero el peso de la intervención política ejercido durante lustros en el sistema financiero todavía puede producir sorpresas.
El nuevo Gobierno dirá si la reforma financiera puede darse por concluida o si son necesarios nuevos desarrollos, como una nueva ronda de fusiones o el llamado banco malo (una fórmula descarada de socializar las pérdidas). Pero hoy cabe preguntarse si existen responsabilidades políticas y civiles en la quiebra generalizada de la banca valenciana. Como la respuesta es evidente, quizá el problema sea que nadie está dispuesto a exigirlas.
