En la electricidad, los números deben imponerse
Cuantificar, es decir, poner números, es esencial en cualquier debate con trascendencia económica. De lo contrario podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos con cuestiones que pueden parecernos incontestables pero que, una vez valoradas, resultan ser irrelevantes o de una importancia mucho menor de lo que suponíamos. Además, aportar números da la oportunidad al lector de contrastar y no tener que realizar actos de fe. Por ejemplo, las opiniones que se están vertiendo últimamente en los medios de comunicación tienden a confundir suministro eléctrico con mercado de generación, haciendo gravitar sobre las instalaciones de producción tradicionales (el llamado régimen ordinario) unas responsabilidades que no les corresponden por su importancia económica en la factura eléctrica. En el año 2010, las instalaciones tradicionales de generación solo percibieron el 12% del importe pagado por la totalidad de consumidores eléctricos, hogares y empresas.
La actividad eléctrica en España destruye valor en las grandes compañías del sector
En 2010, las instalaciones tradicionales de generación solo recibieron el 12% de lo que pagaron los clientes
Al hablar de la realidad de los números, se omiten cosas tan importantes como:
-El precio del mercado español ha evolucionado en los últimos años por debajo de la media de los principales mercados europeos. En el periodo 2008-2010, el precio medio del MWh fue de 46,24 euros en España, mientras que la media europea, en el mismo periodo, se situó en 51,59 euros el MWh.
-Si comparamos el precio de la energía en el mercado eléctrico español durante 2010 (44,40 euros MWh) con el que había 12 años atrás, cuando se fijaba administrativamente (53,50 euros MWh), veremos que es incluso inferior.
-En este mismo sentido, al comparar la evolución del precio del mercado de electricidad con los precios de otras energías de consumo en España en la última década se observa que, partiendo de niveles similares, han tenido una trayectoria muy diferente. El precio de la electricidad ha aumentado un 35%, mientras que el gas se ha encarecido un 65% y la gasolina un 94%. El butano ha más que duplicado su precio y el gasóleo de calefacción lo ha triplicado.
Estos hechos han tenido su normal reflejo en las cuentas de resultados de la actividad de generación en España de las empresas de UNESA y en la rentabilidad de sus activos. UNESA publica estos números desde hace unos años, detalla el origen de los mismos y describe los procedimientos que sigue y que han sido acordados con un consultor externo de reconocido prestigio, tal como la propia publicación recoge.
UNESA no exige del lector actos de fe ni suposiciones que suenan a simples prejuicios. UNESA sostiene, con números, que la actividad de generación que realizan sus empresas asociadas ha tenido unos beneficios netos, excluidos extraordinarios, de 1.482 millones de euros en 2010 y una rentabilidad sobre activos del 3,4%, cuando el coste de financiar sus inversiones presenta un WACC del 6,4%. Esto pone de manifiesto que la actividad eléctrica en España destruye valor en estas empresas, que afortunadamente compensan con sus resultados en otras actividades en España y sobre todo con su actividad fuera de nuestro país, que hoy por hoy es la principal. De hecho, la actividad eléctrica en España no llega al 35% de su volumen de negocio.
Es por esto por lo que, cuando se lee un artículo como el publicado en este periódico el pasado domingo, titulado En la electricidad, los números se imponen, sin que se mencione ni un solo número ("si en términos de rentabilidad sobre los capitales invertidos en los activos de generación, pudiera alguien no considerar desorbitados los beneficios de las empresas eléctricas, como sostiene la patronal UNESA, será, sin duda porque sus asociadas tienen mediocres resultados en otros negocios que nada tienen que ver con lo que aquí se trata"), lo mínimo que podemos decir es: estimado lector, protesto. El argumento de "será, sin duda..." muestra una falta de respeto a las empresas eléctricas, al lector y a la verdad que no se puede pasar por alto.
Estamos seguros de que el mercado de electricidad aún puede mejorarse, pero desde su puesta en marcha hasta hoy ha cumplido con creces con el objetivo de proporcionar energía eléctrica asequible a los hogares y competitiva para las empresas, a diferencia de lo que ha ocurrido con los otros componentes de la factura eléctrica, los regulados administrativamente.
Esta realidad debería ser suficiente para darnos cuenta de que esas disquisiciones -a veces especulaciones, cuando no distorsiones- que se hacen del mercado de producción, o no son ciertas o son económicamente irrelevantes, pero algunas afirmaciones no se pueden ignorar, aunque solo sea para evidenciar el poco rigor con el que a veces se opina.
Se ha dicho que se han trasladado a los Presupuestos Generales del Estado 3.000 millones de euros, cuando la cifra correcta es de 768 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2011. La cifra total cobrada como CTC (costes de transición a la competencia) ha sido de 1.147 millones de euros, muy distinta de los 8.600 que se ha afirmado.
Se sostiene, además, que el "gratis total sí tiene precedentes en España, donde ya en 1997 el Gobierno prolongó la concesión de las principales explotaciones hidroeléctricas a cambio de... nada", lo que no es cierto. Las concesiones hidroeléctricas no pueden prolongarse arbitrariamente. El régimen de concesiones de aguas para cualquier tipo de uso, y no solo las de uso hidroeléctrico, está sujeto a la Ley de Aguas vigente. Huelga decir que ni en 1997 ni en ningún otro año el Gobierno ha prorrogado de forma generalizada y arbitraria concesiones hidroeléctricas.
Para aceptar que existen extrabeneficios significativos en las centrales nucleares e hidroeléctricas habría que admitir que hay extrapérdidas en otros activos, puesto que en su conjunto ya hemos mencionado, con números, que el beneficio de la actividad de generación en España no es nada extraordinario. La rentabilidad de cualquier activo con una vida útil prolongada varía de forma significativa con el tiempo, razón por la cual las empresas buscan una diversificación en tecnologías y antigüedad de las instalaciones, lo que de ninguna forma puede servir de excusa para extraer rentas de una parte de dichas instalaciones.
También son remarcables algunos puntos de vista sobre la financiación del déficit, para lo cual conviene recordar en qué consiste dicho déficit.
La Comisión Nacional de la Energía es la responsable de liquidar la retribución acreditada a las actividades reguladas (primas, distribución, transporte, amortización del déficit, etcétera) con cargo a los ingresos que se obtienen por aplicación de las tarifas de acceso. Hace unos cuantos años que los ingresos son insuficientes para realizar todos los pagos. A la diferencia entre pagos e ingresos se le denomina déficit. Sin embargo, los sucesivos Gobiernos han decidido que la totalidad de los pagos se realice al contado, estableciendo que el sistema eléctrico se endeude en lo que sea preciso y obligando por ley a las empresas asociadas en UNESA a prestar el dinero.
Las empresas se encuentran en la obligación de financiar el déficit, y resulta que hay a quien le parece "el colmo" que reclamen lo que se les debe, y recordemos que no se trata de una deuda comercial: las empresas han prestado el dinero por obligación legal. No solo es justo que se les devuelva lo que han prestado, sino que el propio Tribunal Supremo ha reconocido que hay que devolverles el coste real de la financiación.
Volver a la regulación administrativa del precio de la electricidad es un error que, afortunadamente y mientras pertenezcamos a la Unión Europea, no podremos cometer gracias al derecho comunitario. Pero no estamos libres de incurrir en un error aún peor, como sería la intervención del mercado, más o menos encubierta, mediante tasas sobrevenidas sobre determinadas tecnologías.
.
Eduardo Montes es presidente de UNESA
