El equilibrio nunca decepciona
Tras dos años de búsqueda infructuosa de un ámbito de acuerdo para desarrollar una reforma laboral dialogada entre empresarios y trabajadores, el Gobierno acaba de aprobar su propuesta de reforma del mercado de trabajo. En el contexto de una crisis de intensidad desconocida en nuestra historia reciente, el Gobierno está, resulta obvio a estas alturas, plenamente legitimado para adoptar medidas. Pero, aunque para algunos no parezca tan obvio, soy de los que piensan que debería hacerlo desde el convencimiento de que no merece la pena destruir el clima de diálogo que con tanto esfuerzo él mismo contribuyó a construir a partir de 2004, tras el paréntesis abierto en 2002 durante la segunda legislatura del Gobierno del PP.
Aquellos que reclaman reformas radicales, lo que realmente pretenden es alterar el equilibrio social
El Gobierno ha establecido el terreno de juego. Actuando sobre la regulación del empleo temporal e indefinido al mismo tiempo, se trataría de lograr un mayor acercamiento en el funcionamiento de los contratos temporales e indefinidos para reducir la dualidad laboral e incrementar los niveles de estabilidad en el empleo.
Los cambios abordados en el contrato indefinido de fomento y en la contratación temporal causal producirán un desplazamiento progresivo hacia la utilización de la contratación estable sin afectar sensiblemente a los derechos de los trabajadores. Por primera vez en la legislación laboral española se extiende una fórmula, ya prevista en la normativa que regula el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para los despidos de las empresas de menos de 25 trabajadores, destinada a financiar una parte de los costes de extinción al conjunto de las empresas con independencia del tamaño de sus plantillas. El modelo ya fue regulado de forma similar en Austria, donde adicionalmente se estableció a partir de 2003 un derecho para todos los trabajadores que podrían utilizar cuando cambiaran de empleo aunque no fueran despedidos. En el diseño planteado se ha optado por no financiar con cargo al fondo el conjunto de la indemnización por despido (más alta en España que la vigente en Austria), dado el impacto que ello tendría, como lo ha tenido en Austria, en forma de un crecimiento en los niveles de rotación laboral ya excesivamente altos en España.
Quedarán todavía algunos aspectos importantes que resolver para lograr un nivel mucho más reducido de dualidad laboral. Entre las medidas contenidas no se encuentra la ampliación de las diferencias en el tipo de cotización entre contratos temporales e indefinidos. En nuestra opinión, una estrategia de este tipo debe formar parte de cualquier diseño adecuado de la financiación del sistema español de protección del desempleo (quizá como paso intermedio hacia el establecimiento de tipos de cotización vinculados al uso que las empresas y sus trabajadores realicen en forma de flujos de entrada en el sistema de protección por desempleo). Ahora bien, las circunstancias actuales no parecen aconsejar la adopción de estas medidas, que deben quedar coyunturalmente pospuestas, aunque no indefinidamente diferidas. Quizá estas consideraciones expliquen también una inclinación todavía tímida, como la que mantiene la reforma, en el ámbito de la reducción de la temporalidad abusiva e injustificada (desplazando hasta dentro de cinco años el aumento de la indemnización de los contratos temporales a 12 días por año de antigüedad y permitiendo que el contrato de obra y servicio pueda durar hasta cuatro años).
Por supuesto, las cuestiones analizadas no agotan el contenido de la propuesta de reforma. En ella se incluyen también cuestiones vinculadas a la flexibilidad interna -con nuevos procedimientos más flexibles para la modificación de condiciones de trabajo y mejores posibilidades de flexibilidad de los salarios a través del funcionamiento de las cláusulas de descuelgue salarial-, al estímulo a la adaptación de las empresas a las crisis a través del ajuste en las horas de trabajo, y no en el volumen de empleo, con apoyo del sistema de protección del desempleo (el denominado modelo alemán), y un muy necesario programa de activación para el empleo de los jóvenes y los parados de larga duración.
En mi opinión, el mejor servicio que un Gobierno que ha protagonizado una etapa de diálogo social intensa, con frutos muy reseñables durante la pasada legislatura, puede prestar a su mantenimiento durante este difícil periodo es el de gobernar en ese terreno conformado alrededor de la idea de equilibrio. El concepto de equilibrio no está reñido con el de profundidad. Uno puede buscar reformas sustanciales y profundas, y hacerlo preservando el equilibrio económico y la cohesión social. Lo que ocurre es que aquellos que reclaman reformas radicales -reformas de verdad, dicen en ocasiones-, lo que realmente pretenden, aunque no tienen la valentía de decirlo, es alterar el equilibrio social. Lejos de estorbar, el equilibrio ayuda. Hay quien solo es capaz de concebir el equilibrio en sus modelos económicos y lo rechaza como interferencia indeseable en el funcionamiento real de las sociedades. Y sin embargo, hace mucho tiempo que sabemos que la eficiencia y la productividad se logran con flexibilidad y con capacidad de adaptación, con formación y con impulso innovador, pero también con igualdad, con cohesión y con seguridad.
Valeriano Gómez es economista del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset y ex secretario general de Empleo.
