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Tribuna
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El fin del sueño

Con la intervención del Banco de Valencia por el Banco de España y la salida de José Luis Olivas de Bankia concluye uno de los periodos más penosos de la historia económica de la Comunidad Valenciana. Su penúltimo capítulo se inició el pasado 22 de julio, cuando la CAM, cuarta caja de ahorros de España por tamaño, fue también intervenida. El anterior, la absorción de Bancaja por Caja Madrid, en junio de 2010. Poco antes, en mayo, habíamos asistido al anuncio del SIP (Sistema Institucional de Protección) de la CAM con CajAstur tras un penoso peregrinar de SIP en SIP.

Sin embargo, hasta mayo del pasado año, Bancaja y CAM ocupaban el tercer y cuarto lugar, respectivamente, en el sector y sumadas se aproximaban a Caja Madrid. Una situación fruto de un decenio de expansión en que pasaron a ser, según sus responsables, cajas "plenamente nacionales". El Banco de Valencia, por su parte, era la joya de la corona del grupo Bancaja. En suma, la Comunidad Valenciana parecía llamada, y así lo repetían sus gestores públicos, a ser un nuevo y activo protagonista en el sistema financiero español.

Terra Mítica, un capricho personal de Zaplana, fue el primer aviso. Ahora asistimos al último
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Hoy no queda nada de todo ello. Las causas inmediatas son conocidas: la concentración de riesgos en el sector inmobiliario. Pero ¿qué puede explicar que un fiasco de esa magnitud haya sucedido en la Comunidad Valenciana y no en otras zonas de España en donde la burbuja también fue muy relevante?

Las falsas pistas.

De entrada, deben descartarse dos cómodas explicaciones. La primera, la que atribuye la situación a la codicia colectiva. La segunda, la que asigna al Banco de España la culpa de lo ocurrido. En relación con la primera, y como se repite en el mundo anglosajón, atribuir a la codicia las burbujas es como atribuir a la gravedad el que se estrellen los aviones. En el capitalismo, la codicia existe en todo momento sin que su actuación tenga consecuencias tan desastrosas.

Lo mismo sucede con el Banco de España. Su actuación no ha sido ejemplar. Ni durante la expansión, cuando lo descuidó todo respecto al control de la concentración de riesgos, ni una vez iniciadas las dificultades, cuando su pasividad fue exasperante, hasta mediados de 2010, momento en que entró cual elefante en una cacharrería a fusionar entidades. Pero no porque la policía sea ineficaz en su cometido se la puede hacer responsable de las acciones de los delincuentes.

Un descomunal espejismo.

En la combinación de elementos explicativos, el primero sería la difusión en los círculos financieros y empresariales de la Comunidad Valenciana en aquellos años de una nueva economía inmobiliaria con dos curiosos pilares: la existencia de demanda inmobiliaria ilimitada para la Comunidad al ser el destino óptimo para turistas y jubilados de todo el mundo, y la obviedad de que un bien vale lo que el mercado está dispuesto a pagar por él, solo aceptada, sin embargo, cuando el precio sube. Cuando baja, como ocurre ahora, quienes entonces clamaban por el libre mercado exigen aplicar el principio del valor razonable a los activos.

En ello fue decisivo el comportamiento del sector público autonómico a través de las recalificaciones de suelo y de su política de comunicación plagada de exageraciones. Dentro de un contexto en el que los valencianos estábamos asombrando al mundo, lo que ocurría, según el Consell del PP, no era sino el reconocimiento del verdadero valor de nuestra tierra y la entrada, gracias a su gestión, de una nueva época sin comparación ninguna con las anteriores.

La contrapartida: el desprecio a las normas del funcionamiento de la economía traducido en una letal equiparación entre las preferencias expresadas en las urnas y las decisiones de inversores y consumidores. Esta confusión condujo al convencimiento en unos políticos sin oposición efectiva, que, en tanto que respaldados electoralmente, contaban con atribuciones para lograr el mismo éxito en la gestión de la economía, incluidas las entidades financieras sometidas a sus continuas injerencias. Terra Mítica, un costoso capricho personal de Eduardo Zaplana, fue el primer aviso. Ahora asistimos al último.

Ya lo apuntó Javier Moreno en el suplemento de los 20 años de la edición de la Comunidad Valenciana de EL PAÍS, y hoy estamos ante una nueva consecuencia de todo lo hecho, "cuyos catastróficos resultados afloran ahora, algunos por inercia propia, como cadáveres finalmente arrojados a la playa tras un largo periplo político, otros empujados a la luz de forma perentoria por la falta de liquidez tras el crash financiero".

Jordi Palafox, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia, fue consejero de Bancaja por el PSPV-PSOE entre 1998 y 2006, año en que dimitió.

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