Una gran injusticia intergeneracional
Muchos de ustedes se habrán visto en la situación de tener un piso vacío en propiedad y plantearse la opción de alquilarlo. ¿Cuál es la reacción más común es esos casos? No lo alquilo, porque luego no hay manera de deshacerse de los inquilinos. Así que muchas veces en el mercado inmobiliario se decide no recibir una renta de alquiler, manteniendo el piso vacío, ya que la incertidumbre y, por tanto, el costo, respecto a la terminación del contrato es muy alta. La ineficiencia económica del alto costo del "despido de los inquilinos" está muy clara. Sustituyan ahora el mercado de alquiler de vivienda por el mercado laboral y entenderán perfectamente por qué el consenso de la profesión económica -no sólo los 100 firmantes del manifiesto en España, sino el FMI, el OCDE, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Banco de España, y también esta columna- ha repetido hasta la saciedad que la rigidez de las condiciones de despido es una variable fundamental para explicar la creación de empleo. España es un ejemplo bien claro: el empleo temporal, donde el coste del despido es mínimo, creció de manera acelerada en los últimos años, mucho más rápido que el empleo permanente.
¿Defienden los sindicatos a un pequeño grupo a costa de perpetuar la injusticia intergeneracional?
Cada vez que el FMI, la OCDE o la Comisión Europea han analizado la economía española durante la ultima década han repetido el mismo mensaje: la dualidad del mercado laboral español es muy perniciosa, fomentada por el mayor nivel de protección de los contratos permanentes de los países de la OCDE, que sólo se mantiene gracias al bajísimo nivel de protección de los contratos temporales y genera un nivel de temporalidad sin igual en el mundo desarrollado. En esta columna hemos repetido este mensaje varias veces, y el manifiesto de los 100, con la petición de un contrato laboral único que acabe con la dualidad del mercado laboral español, es la receta de política económica que se deriva de las mejores practicas económicas internacionales.
La oposición de los sindicatos, que puede derivar en un acuerdo social que, además de no resolver el principal problema del mercado laboral, probablemente empeorará las finanzas de la Seguridad Social, hay que ponerla, por tanto, en contexto. ¿Por qué se oponen los sindicatos españoles a la opinión de la gran mayoría de los profesionales económicos mundiales? En toda reforma estructural es necesario analizar a quién favorece el statu quo. En el caso español es sencillo: a los trabajadores cualificados que disfrutan de contratos permanentes con altísima protección. Estos suelen ser trabajadores de media y avanzada edad con experiencia profesional. ¿A quién perjudica el statu quo? A los jóvenes y a los trabajadores menos cualificados y con poca experiencia laboral, que son los que sufren de la fragilidad de los contratos temporales. Traducido al español de la calle: dado que los niveles de protección y de temporalidad españoles son los más altos de la OCDE, la estructura del mercado laboral español genera una injusticia intergeneracional sin comparación en el mundo desarrollado. Esta tremenda injusticia intergeneracional es lo que defienden los sindicatos españoles
Por tanto, al grupo de 700 personas que han rechazado en público la idea de avanzar hacia el contrato único hay que hacerles una pregunta: si los expertos económicos mundiales están todos de acuerdo en que hay que acabar, o al menos reducir significativamente, con la dualidad del mercado laboral español, si esta dualidad genera una injusticia intergeneracional que está amenazando el futuro de una generación entera de jóvenes españoles -la generación ni-ni, como se le denomina en los medios periodísticos, que ve sus perspectivas de empleo y de formación seriamente disminuidas-, ¿qué saben los 700 que no sabemos todos los demás?
Culpar al "modelo productivo" de la dualidad laboral es equivalente a afirmar que la especialización productiva de un país la diseña un planificador central, lo cual es altamente discutible. Las decisiones individuales de producción responden al sistema de incentivos de cada economía, y un componente fundamental del sistema de incentivos es la legislación laboral. Si alguien explicara a los jóvenes de 18 a 30 años las conclusiones de la profesión económica apuntadas arriba, y éstos decidieran crear un sindicato para defender sus intereses, ¿cuáles serían sus propuestas? Posiblemente, la creación de un contrato único que reduzca la protección de los contratos permanentes y mejore la estabilidad laboral de los contratos temporales. ¿Será, por tanto, que los sindicatos españoles, y los 700 firmantes, defienden los intereses de tan sólo un grupo reducido de trabajadores a costa de perpetuar esta grave injusticia intergeneracional?
