La prioridad es el paro
Este Gobierno ha abusado en ocasiones de los grandes enunciados, los envoltorios, frente a la menos vistosa tarea de abordar problemas concretos con soluciones concretas. Es una actitud que no han favorecido la reducción del principal problema que tiene planteado la economía española: la más rápida destrucción de empleo de las últimas décadas y del conjunto de Europa con la consiguiente pérdida de bienestar, de retraso en la convergencia real. Cuando se inicie la todavía distante recuperación del crecimiento económico, la tasa de paro habrá superado el 20% y la renta per cápita de España habrá retrocedido de forma significativa, tanto en términos absolutos como en contraste con el resto de las economías avanzadas.
Por todo ello, cualquier iniciativa destinada a disolver los tradicionales agujeros negros de nuestra economías debe ser bienvenida. El anteproyecto de ley de Economía Sostenible aprobado el viernes por el Consejo de Ministros recoge algunas medidas positivas para iniciar el largo y difícil camino por superar los defectos de nuestro sistema productivo. Sin embargo, arranca con un severo lastre: España tiene una de las más elevadas tasas de mortalidad empresarial, millones de ciudadanos se quedan sin trabajo, aumenta el riego de embargos de sus viviendas y el sistema bancario sigue racionando el crédito. Antes que plantearse cualquier otra prioridad, la más importante debería ser frenar la sangría del empleo: a ello debería orientarse en exclusiva la política económica en el momento actual. Y exige dos tipos de actuaciones complementarias: las destinadas a compensar el desplome de la actividad económica privada y, no menos importante, a impulsar la confianza de las familias y empresas. Ello equivale a intensificar la inversión pública en dotaciones generadoras de capacidad competitiva y a transmitir voluntad de reformas.
Resulta muy complicado poner en marcha un nuevo proyecto de ley cuando no se logra articular consensos para tomar decisiones de emergencia que rompan ese círculo vicioso en el que se encadenan estrechamente el desempleo, el deterioro de la calidad de los activos del sistema bancario y el estrangulamiento de la inversión, de la necesaria modernización económica del país. Es necesario estimular la demanda agregada. Los ejes de ese nuevo proyecto de ley (la mejora del entorno económico, la competitividad y la sostenibilidad medioambiental) son propósitos válidos. Sin embargo, el Gobierno debería haber reflexionado si, en lugar de este proyecto de ley ómnibus, no hubiera sido más útil que los Presupuestos Generales del Estado hubiesen incorporado algunas de las prioridades ahora definidas, en lugar de recortar la inversión pública en asignaciones favorecedoras de la economía del conocimiento.
Proponer en los momentos actuales un cambio de patrón de crecimiento económico significa invertir las prioridades. En 2004, Rodríguez Zapatero ganó las elecciones con una propuesta de cambio de paradigma de crecimiento que, durante una legislatura y media, ha sido conscientemente relegada. Más de un lustro perdido para la causa de una economía más competitiva, con menos ladrillo y menos salarios de baja cualificación. Lo inmediato hoy es el mercado de trabajo. -
