Dos propuestas de reforma laboral
El mercado laboral español ha vuelto a mostrar que destruye demasiado empleo en las recesiones. Entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2009, la caída de la tasa de crecimiento de la UE a 27 ha sido del 4,9% y, sin embargo, el empleo ha caído sólo un 1,9%. Por el contrario, en España el crecimiento ha caído un 4,25%, y el empleo, un 7,2%, es decir, 1,7 veces más que su crecimiento y 3,7 veces más que en la UE, a pesar de sufrir una recesión menor.
Como continuación de mi anterior artículo en estas mismas páginas (18-10-2009) en el que explicaba los problemas que padecía el mercado laboral español, en éste muestro dos propuestas de reforma laboral que están basadas en un sustrato teórico y empírico muy sólido y que conviene tenerlas muy en cuenta.
La planteada por el Servicio de Estudios de BBVA apoya y complementa la realizada por "los 100 economistas"
La primera es la propuesta de "reactivación laboral en España" (www.crisis09.es), llamada también "de los 100 economistas", que yo mismo he apoyado interviniendo en su presentación a los medios y que es un intento muy meritorio de conseguir una solución que pueda ser viable hoy mismo. Las cuatro medidas que propone son las siguientes:
Primera, en cuanto a la dualidad laboral, propone que, a su entrada en vigor, sólo exista un contrato laboral indefinido, cuyas indemnizaciones por despido sean crecientes por cada año de servicio, desapareciendo la maraña de los 16 contratos laborales actuales (salvo el de interinidad para sustituciones por baja temporal). Este contrato único unificaría las causas de despido, manteniendo sólo la tutela judicial para despidos por razones discriminatorias. Las indemnizaciones por despido podrían empezar, a título de ejemplo, por los ocho días por año trabajado de los actuales contratos temporales los primeros dos años, y seguirían aumentando cada año hasta llegar a un máximo a partir del quinto año que debería aproximarse al de la media europea, es decir, bastante por debajo de los 45 días actuales. En todo caso, propone que no deberían superarse los costes medios actuales al diseñar su escalado anual. Esta propuesta permitiría reducir la dualidad laboral, aumentar la productividad, reducir el desempleo en las recesiones y servir de base del nuevo modelo productivo.
Segunda, en cuanto a la protección por desempleo, propone, a corto plazo, seguir aumentando transitoriamente el gasto en prestaciones, alargando su duración hasta que la situación económica mejore, siempre que los recursos presupuestarios lo permitan. A medio plazo, propone aumentar el nivel de la prestación por desempleo durante los primeros seis meses a cambio de reducir su duración posterior, para que no desincentive la búsqueda de empleo. Asimismo, propone revisar sus topes máximos que, al ser relativamente bajos, no permiten mantener decisiones de consumo, ya comprometidas y, al ser escasamente decrecientes, desincentivan la búsqueda de empleo. También propone aplicar el modelo austriaco a las cotizaciones que financian dichas prestaciones, mediante el cual pueden acumularse parte de las cotizaciones en un fondo de ahorro al que el trabajador tenga acceso si queda parado o si necesita formación y, además, puede acumular lo que quede en un fondo de pensiones cuando se jubile. Asimismo, propone reducir las cotizaciones sociales a las empresas que tiendan a despedir menos y aumentarlas a las que suelan despedir más.
Tercera, en cuanto a la negociación colectiva, propone modernizarla, ya que la estructura actual de los convenios colectivos sigue dificultando la adaptación de las condiciones de trabajo en las empresas a sus necesidades productivas y frenando su productividad. Para ello propone cambiar su regulación para permitir que los acuerdos de empresa, ya sean convenios de empresa u otros acuerdos entre los empresarios y sus comités de empresa, puedan prevalecer sobre los convenios de ámbito superior, permitiendo así que las empresas puedan mantener su empleo.
Cuarta, propone aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo actuales. Por un lado, concentrándolas en los trabajadores de menor cualificación, que son los que padecen periodos más largos de desempleo, para evitar el paro de larga duración. Por otro, coordinando su gestión con la de protección por desempleo, para que la provisión de actividades de formación o de inserción tenga en cuenta la situación particular determinada de cada trabajador parado y poder generarle incentivos y oportunidades para conseguir que salga del paro. Asimismo, propone una evaluación de todas estas actividades para ayudar a mejorar su diseño y su gestión, asignando más recursos a los programas, agencias y empleados públicos que muestren mejores resultados.
Finalmente, propone ampliar la oferta de estas actividades permitiendo que las empresas privadas de intermediación laboral acreditadas puedan colaborar con las públicas en su provisión y gestión, dando así mayores oportunidades de elección a los trabajadores.
La segunda propuesta es la del servicio de estudios económicos del BBVA: "Tres reformas estructurales para el mercado laboral español" (situación España, marzo 2009), que es similar pero complementaria de la anterior y que propone las tres medidas siguientes:
Primera, respecto a la dualidad del mercado laboral, opta también por una solución mixta: por un lado, aplicar el modelo austriaco de un seguro de despido individual, pagado con las cotizaciones sociales, que tiene la ventaja de que puede llevarlo consigo a otra empresa, facilitando la movilidad y, si no es despedido, puede revertirle en forma de capital al jubilarse, pero el inconveniente de que puede estimular los despidos, ya que, al ser un seguro, el coste marginal de despedir un trabajador es cero, con lo que propone penalizar a las empresas que más despidan elevando sus cotizaciones. Este seguro sería financiado por un 1,8% del salario bruto anual, gestionado por la Seguridad Social. Por otro, introducir un solo contrato indefinido cuyos costes de despido sean, por ejemplo, de 8, 12, 16 y 20 días por año trabajado en los cuatro primeros años y de 20 días a partir del cuarto año.
Segunda, respecto a la negociación colectiva, aconseja una fuerte descentralización. Por un lado, suprimiendo la eficacia general automática de los convenios de ámbito superior al de empresa y dejando que sea voluntaria; limitando la vigencia máxima de los convenios en ausencia de negociación, restringiendo su ultra-actividad; generalizando las cláusulas de descuelgue, eliminando las cláusulas de salvaguardia o haciéndolas simétricas, o directamente indiciando el salario a la productividad por ocupado en cada empresa. Por otro, manteniendo los niveles de negociación colectiva actuales, pero cada uno con su especialización. Los estatales, negociando sólo aspectos generales como modalidades de contratación, fiscalidad, régimen disciplinario o formación continua. Los de rama, negociando lo que afecte al conjunto del sector, como seguridad e higiene. Y los de empresa, negociando la duración de la jornada, la movilidad funcional y geográfica y los costes salariales que afecten a la competitividad y eficiencia de cada empresa.
Tercera, respecto a la carga tributaria sobre el empleo, propone reducir permanentemente las cotizaciones a cargo de las empresas o autónomos, financiándolas con un ascenso del IVA, para así poder aumentar el nivel de empleo estructural, robustecer la capacidad de financiación de la economía, mejorar la capacidad de ajuste del mercado ante la recesión y el desequilibro exterior y mejorar la competitividad de las empresas, ya que equivale a una reducción de sus costes laborales. Calcula que una reducción de 3,5 puntos de las cotizaciones sociales compensada con una subida del IVA de 2 puntos porcentuales aumentaría el empleo a tiempo completo en un 1,4% y un 0,55% el PIB, en el primer año, y un porcentaje similar o superior en los siguientes.
Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).
