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ADMINISTRACIÓN

La Comisión Europea presenta su repositorio de programas abiertos

El 79% de las administraciones locales tiene instalada al menos una aplicación de código abierto, según la última encuesta de la Unión Europea - Rediris y Guadalinex participan en el programa OSOR

Fernando J. Pérez

Las grandes administraciones públicas europeas todavía son reacias al uso del software libre tanto en su organización interna, como en su relación con los ciudadanos. Concretamente, muestran una actitud de "rechazo temeroso" hacia los programas informáticos de código abierto. Son datos de la última encuesta sobre uso de software libre realizada en la Unión Europea, que indica que el 79% de las administraciones locales, sobre todo las de pequeño tamaño, tienen instalada al menos una aplicación de código abierto en sus sistemas.

La Comisión Europea presentó en Málaga, con motivo de la cuarta Conferencia Internacional de Software Libre, el OSOR, siglas en inglés del Observatorio y Repositorio de Software Libre, una plataforma para fomentar el desarrollo colaborativo de programas informáticos en el sector público europeo como medio para aumentar la calidad y reducir costes.

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IDABC:

"El repositorio parte de una idea simple: dar visibilidad en el ámbito europeo a lo que ya se está haciendo en el ámbito nacional. Se trata de que las administraciones compartan su software y que colaboren en su desarrollo para que, de esa manera, sea de más calidad y lo use cada vez más gente", asegura el director general de Informática de la Comisión Europea, el sevillano Francisco García Morán.

El OSOR, en pruebas desde junio, cuenta hasta ahora con 41 proyectos de desarrollo de programas y ha conseguido 19.000 visitas únicas. Algunos de estos proyectos se distribuyen con la licencia de Software Libre EUPL, creada por la Comisión Europea para la distribución de las aplicaciones y herramientas desarrolladas por el programa europeo IDABC.

Diez principios

El nuevo repositorio europeo se basa en 10 "principios". El primero, y más evidente, es que se trate de software libre que cualquiera pueda ejecutar, estudiar su código, compartir y distribuir copias y modificar los programas según sus necesidades.

Los desarrolladores de los proyectos deben explicar su conexión con el sector público y las razones por las que el programa puede ser útil para la Administración. El OSOR quiere evitar la burocracia: no es necesaria la autorización previa para participar, aunque para ciertas aplicaciones más sensibles se requerirá la identificación del usuario.

Para evitar problemas de propiedad intelectual, el proveedor de los programas deberá ser el autor, el propietario del copyright o alguien que tenga una licencia válida sobre lo que se va a comunicar a la comunidad.

Nadie podrá utilizar comercialmente la plataforma ni usarla con fines publicitarios o de lucro, ni siquiera cuando los programas del repositorio se empleen en empresas.

En la forja del OSOR se han federado otras plataformas públicas europeas y españolas como la de Rediris, de las universidades y centros de investigación, y la de Guadalinex, de la Junta de Andalucía.

Precisamente, este repositorio, que ha superado las 20.000 visitas en lo que va de año, usa, como OSOR, la taxonomía propuesta por IDABC, el programa europeo de interoperabilidad y gobierno electrónico que financia este proyecto, según García Morán.

Las últimas estadísticas europeas apuntan que apenas el 10% de los organismos públicos están dispuestos o son capaces técnicamente de poner sus programas a disposición del público como código abierto.

"El desarrollo del software libre en la Administración pública es un problema tanto de aprendizaje como de medios", afirma García Morán, "la sociedad exige la informatización, la gente no quiere hacer colas en las ventanillas. Que las distintas administraciones responsables permitan el acceso, con los mecanismos de seguridad y de protección de datos personales necesarios, a los repositorios de datos esenciales, como la identidad, la vida laboral y los datos fiscales, permite a los ciudadanos y a las empresas realizar trámites electrónicos con la Administración, sin tener que proporcionar cada vez informaciones existentes en dichos repositorios".

El director general de Informática pone como ejemplos de buen funcionamiento de la Administración electrónica española la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, pero hay otras muchas administraciones regionales y municipales que también ofrecen buenos servicios.

García Morán señala que la Ley sobre Administración Electrónica Española, aprobada en 2007 y en cuya elaboración participó, es "una de las más avanzadas en Europa y probablemente en el mundo".

A escala europea, García Morán cita como países más avanzados a los nórdicos (Finlandia, Dinamarca y Suecia), Austria y Estonia. "Son países relativamente pequeños con repositorios de base muy bien organizados, con una buena infraestructura de informática y telecomunicaciones y con una población con buena educación en el uso del ordenador". El modelo que seguir.

IDABC: www.europa.eu.int/idabc

El proyecto STORK

El DNIe sirve para identificar al español en Internet, que puede realizar gestiones burocráticas. Gracias a la plataforma @Firma, los administrados verifican que los certificados digitales del carné son válidos y no están caducados. @Firma es un servicio gratuito del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) en el que participan 277 organismos (91 estatales, 44 autonómicos y 123 ayuntamientos). La plataforma realiza un millón de validaciones y 400.000 sellados de tiempo al mes, pero además garantiza la intercomunicación administrativa.

Para que el DNIe sirva también en cualquier país de la Unión Europea (UE), el MAP participa en el proyecto STORK (acrónimo de Secure idenTity acrOss Borders linKed). El objetivo es que ciudadanos y empresas puedan utilizar su identidad digital para gestionar el paro o pagar impuestos estén donde estén de la UE. Hay 28 de los 32 países del área europea que identifican a sus vecinos digitalmente, sea con contraseñas, tarjetas de identidad, códigos PIN o teléfonos móviles.

STORK cuenta con 20 millones de euros para desarrollar un sistema de intercambio y reconocimiento de datos entre administraciones. En 2010 debería estar listo para garantizar la libre circulación de personas en el entorno virtual.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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