En España, imposible

El derecho al acceso a la información pública es precario y presenta importantes defectos en España, según un estudio realizado por la abogada Eva Moraga, de la coalición Access Info Europe. Moraga presentó 41 demandas de información a diferentes administraciones y entidades con funciones públicas y el 78% no fueron satisfechas.

"Los ciudadanos españoles tienen serios obstáculos para saber qué hacen las administraciones con su dinero o cómo toman las decisiones que les afectan", afirma el estudio, que señala como culpable una legislación que "hace fácil a las instituciones encontrar una base legal para no dar la información que se les pide". Del 78% de peticiones no satisfechas, el 35% lo fueron por silencio administrativo.

Las demandas que obtuvieron una respuesta negativa incluyen las referentes a reuniones del Ministerio de Obras Públicas con lobbies, los contratos de una organización ferial, estudios del Gobierno vasco para usar programas libres e información sobre los presupuestos para cursos en las cárceles españolas. Según Moraga, las explicaciones ofrecidas para no dar estos datos "se basaron en argumentos que no cumplían con los principios reconocidos internacionalmente sobre el acceso a la información pública".