La histórica corrupción policial
El 4 de junio, en Ciudadde México, un comando de delincuentes vestidos con uniformes de la Agencia Federal de Investigadores secuestróa Fernando Martí (14 años); luego Le asesinó, a pesar de haber cobrado su rescate. Al frente de la operación estaba supuestamente Lorena González, una agente federal a las órdenes de un ex policía secreta. Éste es un botón de muestra de la penetración del crimen en la policía.
Ernesto López Portillo, director del Instituto de Seguridad y Democracia, considera que el fondo del problema es que "la policía mexicana nace de un pacto histórico por el cual garantiza lealtad a los políticos a cambio de impunidad". Diversos analistas señalan que durante años el crimen organizado penetró en municipios y pagó campañas electorales de alcaldes a quienes posteriormente impusieron los jefes policiales. En este escenario, la policía ha quedado al margen de la modernización del Estado y se mantiene a cargo de la seguridad pública sin un apoyo real e institucional, con salarios por debajo de los 1.000 euros.
La telaraña policial mexicana la componen unos 1.600 cuerpos, entre federales, estatales, municipales y grupos de seguridad privada. No existe una policía nacional, y la federal no cuenta con efectivos ni mandato judicial para actuar frontalmente contra las bandas delictivas en todo el país, amén de que se encuentra penetrada por criminales.
López Portillo insiste en que "nadie se responsabiliza de las malas conductas de centenas de miles de policías a lo largo del país. Nadie es responsable formal de que la mayoría, según informa el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no conozca las normas que debe aplicar.
Las viejas rutinas son más fuertes que cualquier interferencia para abatirlas: cursos, tecnología, armamento, equipo...".
Ante la corrupción y fragmentación de la policía, el presidente Felipe Calderón ha echado mano de miles de soldados para combatir al narcotráfico, pero los militares no pueden -impedidos por ley- investigar. Las soldados acompañan como refuerzos a los agentes, pero en realidad ellos son los únicos que saben en qué consiste la misión: nadie confía en los policías.
El ombudsman José Luis Soberanes sostiene la necesidad de "una reingeniería de los cuerpos policiales para terminar con la protección que desde dentro de ellas tienen las bandas del crimen organizado, y limpiarlos de quienes, amparados en el cargo de servidores públicos, se desempeñan en realidad como delincuentes". El objetivo es terminar con la impunidad.
