Inversión en la reforma de la justicia
Continuamente se habla de temas en apariencia independientes, como la necesidad de incrementar la inversión en tecnología para modernizar la economía española y hacerla más competitiva, y, por otra parte, la necesidad de reformar la justicia ofreciendo un mejor servicio a los ciudadanos. Si unimos ambos objetivos, surge con fuerza el interés económico y social de realizar una inversión importante en tecnología en la justicia española.
Como testimonio de la obsoleta situación de los juzgados españoles están tanto los datos numéricos de resolución de los expedientes como la expresión gráfica de fotografías con montones de papeles acumulados en los despachos. La excesiva duración de la resolución de los expedientes, los errores que permiten que algunos delitos prescriban sin haber sido resueltos y, en general, el coste económico y social que significa para los ciudadanos y empresas españolas este mal funcionamiento exigen un cambio radical en el sistema judicial que es posible si se introduce la tecnología adecuada en el sistema judicial.
El mal funcionamiento de la justicia supone un alto coste económico y social para empresas y ciudadanos
En el Estado hay al menos tres casos en los que una inversión importante en tecnología ha dado sus frutos agilizando, facilitando y abaratando los costes para los ciudadanos. Quizá el mejor conocido por todos es el de la Agencia Tributaria, que es capaz de registrar todos y cada uno de los movimientos de los ciudadanos y empresas objetos de tributación. La inversión en tecnología ha sido y continúa siendo cuantiosa, pero los beneficios son claros.
Otro ejemplo es la Seguridad Social, también con unos registros abultados que le permiten ofrecer al ciudadano información sobre su vida laboral y resolver los expedientes de desempleo y/o jubilación con rapidez y eficacia.
El tercero es el padrón de habitantes, en el que están implicados los más de ocho mil ayuntamientos y el Instituto Nacional de Estadística. En él se recogen los datos básicos de los 46 millones de residentes en España y en el que la inversión tecnológica ha permitido mejorar notablemente con la eliminación de duplicados entre los diferentes ayuntamientos. Estadísticamente es la envidia de países grandes como Francia y Alemania.
Estos registros son necesarios para ofrecer al ciudadano facilidad en los trámites con la Administración, siempre que sean desde el Estado. Deberá continuar la inversión en tecnología para mejorar la interacción con el resto de las administraciones, especialmente de las comunidades autónomas. Se da el caso de que, por ejemplo, en la sanidad pública, transferida a las comunidades autónomas, todavía se exige al ciudadano aportar el certificado de empadronamiento (del Ayuntamiento) cuando deberían poder consultar el registro para comprobar dichos datos. En el Plan e-Administración existen proyectos importantes que deberían impulsarse presupuestariamente.
Pongo estos ejemplos para mostrar que es posible y necesario realizar esta modernización de los servicios públicos. Volviendo a la justicia, no es que no se haya pensado en la modernización de la misma. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003 ya establecía este objetivo. En 2008, el Consejo General del Poder Judicial establecía el plan de modernización de la justicia con una hoja de ruta para el periodo comprendido entre 2009 y 2011 en la que el tercer paso, e-justicia, es precisamente la introducción de las nuevas tecnologías, donde se tiene en cuenta la necesaria interoperabilidad interna y externa, así como la necesaria transparencia del sistema.
Pero corresponde al Gobierno establecer y detallar el programa presupuestario que en el medio plazo permita realizar la inversión necesaria para alcanzar el objetivo. Existe la tecnología necesaria, que al partir de cero puede establecer un sistema moderno y eficiente; existen las empresas especializadas que pueden llevar a cabo los proyectos, pero es necesaria una cuantiosa inversión (probablemente mucho menor que algunas de las medidas que se están tomando contra la crisis), y el plan debería realizarse y presupuestarlo ya para el año 2010. Otro importante detalle para hacer eficaz el plan es dotar desde el principio a todos y cada uno de los trabajadores judiciales de los medios y la formación para ir incorporándose al proceso con los mismos sistemas informáticos. Esto implica un esfuerzo presupuestario en el primer periodo del plan.
Llegados a este punto, debo hacer una pequeña observación estadística. Cuando hablo de una inversión cuantiosa, me refiero a la necesaria (los técnicos deben cuantificarla) para llevar a cabo el proyecto en dos o tres años. No nos dejemos engañar por las tasas de crecimiento. Un porcentaje elevado de una cantidad pequeña sigue siendo una cantidad pequeña. Si apenas se ha invertido en tecnología en el año anterior, aumentar un 40% o 50% en el próximo presupuesto no es casi nada.
El dinero gastado en tecnología, además de ir en la dirección correcta, supondría un bien económico y social del que se beneficiarían todos los ciudadanos y empresas, y estoy segura de que también se beneficiarían los jueces, magistrados y todo el personal judicial, aunque indudablemente todos tendrán que hacer un esfuerzo en formación para que el sistema funcione.
Carmen Alcaide es economista y ex presidenta del INE.
