El deterioro de los fundamentos
El deterioro de los fundamentos de la economía española reflejado en el elevado endeudamiento de familias y empresas, el insostenible saldo negativo de la balanza de pagos, el espectacular incremento en el precio de la vivienda y la falta de control de precios anticipaban una desaceleración profunda y brusca del ritmo de crecimiento disfrutado en los últimos 14 años. La crisis financiera internacional ha colaborado a profundizar los daños. Un crecimiento del PIB alrededor del 1,5% en el presente año y probablemente inferior en el próximo tendrá repercusiones negativas sobre el empleo, pero también sobre unos ingresos públicos, acostumbrados a continuos aumentos en la recaudación fruto de la elevada actividad y la fuerte presencia de las operaciones inmobiliarias.
El número de beneficiarios de las prestaciones por desempleo aumentará, como mínimo, en un tercio
La nueva etapa de la que ya se puede hablar reducirá significativamente los ingresos por impuestos indirectos, en especial del IVA, pero también del impuesto de sociedades y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El primero es determinante en los ingresos de la Administración central, y el segundo, en los presupuestos de las comunidades autónomas. Los efectos de una ralentización tan acusada en la actividad se trasladarán al IRPF y cuotas sociales al próximo año, con el consiguiente efecto sobre las cuentas de la Seguridad Social.
Este escenario de disminución de ingresos públicos está acompañado de un aumento del gasto provocado por los estabilizadores automáticos, en especial las prestaciones por desempleo; política que, con la información conocida para el primer trimestre, puede aumentar como mínimo en una tercera parte el número de beneficiarios y, por tanto, las necesidades de recursos del servicio público de empleo. Éste ya presentaba un déficit de 782,58 millones de euros en el presupuesto aprobado con un cuadro macro mucho más optimista.
Las conductas enunciadas, a las que sumar el coste de la rebaja en el IRPF aprobada por el Gobierno de la nación (5.000 millones de euros) dibuja un panorama de deterioro de las cuentas públicas con un más que previsible déficit en 2008 en todas las administraciones, con excepción de la Seguridad Social, que podría aguantar con saldo positivo hasta la mitad del próximo ejercicio.
Las circunstancias han cambiado, y del uso de la contabilidad creativa para presentar un aparente superávit, que en el caso de la Administración General del Estado se tornaba en déficit si se incluían las profusas inversiones excluidas del presupuesto al haber sido traspasadas a las sociedades públicas mercantiles (ADIF, SEITSA, AENA, ...), se ha pasado a un difícil escenario. En él, con bastantes menos ingresos, se debe afrontar un cambio de modelo productivo y la protección de las personas menos favorecidas, si se pretende que no se conviertan en víctimas de la crisis.
Pasado el tiempo que permitía el discurso de bajadas de impuestos y elevación del gasto tan en boga entre los políticos españoles en el pasado reciente, ahora se deben elegir cuidadosamente las políticas de gasto, mientras se buscan fórmulas de ingresos que permitan no superar los niveles de déficit obligados por la Unión Europea (máximo del 3% del PIB). Desde este criterio, hubiera sido más coherente utilizar como fórmula alternativa a la rebaja del IRPF destinar el dinero a desarrollar una política amplia en materia de alquiler, ampliar la educación gratuita para los niños de cero a tres años y dinamizar la puesta en práctica de la Ley de Servicios a las personas en situación de dependencia.
El nuevo escenario va a permitir también medir la solidez del sistema de descentralización para afrontar las funciones atribuidas a los diferentes niveles de gobierno, y el grado de responsabilidad fiscal de todos los implicados para no caer en un indeseable proceso de eludir responsabilidades trasladando culpas a terceros. x
Miguel Ángel García Díez es director del Gabinete Técnico Confederal de CC OO.
