El precario legado de Solbes
El relevo en la máxima responsabilidad de la política económica española, tras la última remodelación del Gobierno, ha tenido lugar en el momento de mayor deterioro de los correspondientes indicadores en muchas décadas. La crisis financiera, inicialmente estadounidense, además de precipitar la más severa recesión en la economía global desde la II Guerra Mundial, ha desvelado las serias limitaciones estructurales que caracterizan a la economía española desde hace varias legislaturas.
El vicepresidente Solbes asumió la continuidad del muy largo periodo de expansión sin apenas cuestionar, al menos como lo había hecho el programa electoral del PSOE antes de las elecciones de 2004, los excesos de un patrón de crecimiento heredado de los Gobiernos del PP, esencialmente basado en la construcción, demandante de una dotación de factores baratos, fundamentalmente mano de obra enriquecida con la mayor entrada de emigrantes de Europa. Tampoco el Banco de España cuestionó los riesgos de dependencia excesiva del ahorro exterior y, lo más inquietante, sobre la estabilidad bancaria bajo su responsabilidad. Desde luego, no lo hacían con el exceso de endeudamiento privado que se estaba produciendo. Las finanzas públicas reflejaban esa euforia en los ingresos tributarios y las autoridades pudieron llegar a creer en algún momento que eso duraría toda la vida.
Quizá fue ese convencimiento de que los 15 años de crecimiento ininterrumpido no tendrían final lo que impidió una reacción adecuada cuando emergió la crisis financiera en el verano de 2007. A diferencia de otros Gobiernos y otros bancos centrales, los nuestros tardaron en reconocer la verdadera naturaleza de la crisis y las líneas de impacto sobre la economía española, una de las más bancarizadas de la OCDE, y que no tiene todavía hoy un plan para afrontar eventuales crisis en cajas y bancos. La gestión de la crisis de CCM pone de manifiesto, cuando menos, una falta de autoridad para completar una operación de integración inicialmente saludada por todas las autoridades e instituciones vinculadas.
Es razonable que sea el deterioro de la confianza, más preocupante incluso que el de los indicadores económicos, el principal legado que transmite Solbes a Elena Salgado. Ésta debería preocuparse de restablecerla cuanto antes. Y la vía para hacerlo no es esa suerte de obsesivo escaparatismo fotográfico, sino la coordinación efectiva con las instituciones: las nacionales, como el Banco de España, y las europeas. Frente a la probable amenaza de erosión adicional de la estabilidad bancaria, el Gobierno debe disponer de un plan concreto y hacer que el Banco de España lo ejecute. Esta institución debe centrarse en ese cometido de salvaguardar la estabilidad de las entidades de crédito y mucho menos en el lanzamiento de advertencias, no siempre fundadas, relativas a otros ámbitos de la política económica, distantes de su cometido actual y perturbadoras del clima de concertación que el país precisa.
A la vicepresidenta Salgado se le conoce seriedad y disciplina de trabajo. Son dos atributos necesarios para su tarea, si se asocian a un plan concreto que demuestre, además de un diagnóstico detallado, las respuestas ante un deterioro adicional en el empleo y la inestabilidad del sistema bancario.
