Europa luchará por flexibilizar el tiempo de trabajo
La propuesta de directiva europea que permitiría ampliar la jornada laboral hasta 65 horas semanales ha suscitado en España una avalancha de opiniones contradictorias. Los empresarios observan con atención y cautela semejante iniciativa. Los sindicatos y el Gobierno manifiestan su total rechazo. Son las posturas que cabría esperar de cada uno de ellos. Lo que es evidente es que esta propuesta no es fruto de la casualidad y es previsible que sea cuestión de dura controversia en los próximos años. Se discutirá intensamente en los foros europeos y es lógico pensar que, finalmente, se configurará una directiva que en gran medida flexibilice el tiempo de trabajo y permita superar, no las 40 horas de jornada máxima semanal establecida en España, sino las 48 horas vigentes en otros países miembros de la Unión. ¿Tiene sentido mantener en este escenario una posición de total rechazo a la flexibilización de la jornada de trabajo? Pienso que no por múltiples razones.
Un rechazo total del Gobierno español a la flexibilización de la jornada frenará nuevas inversiones
Se podría crear la modalidad de horas extraordinarias complementarias
Los países europeos que asumen la ampliación del tiempo de trabajo van a pelear denodadamente por él. No podemos ignorar que para ellos es vital atraer inversión en industria y para conseguirlo necesitan presentar un marco jurídico-laboral atractivo. Por otra parte, seguro que en el ámbito personal hay muchos trabajadores por cuenta ajena en nuestro país que están dispuestos a ampliar su jornada para así aumentar sus ingresos y atender mejor sus necesidades. Tampoco podemos olvidar que Europa tiene que competir, en un mundo globalizado, con otras economías emergentes que operan con gran flexibilidad y muy bajos costes sociales.
En definitiva, por encima de las ideologías, parece evidente que la extensión de la jornada hay que afrontarla con un enorme sentido pragmático, pues el modelo idílico de trabajar poco y percibir una generosa retribución que permita vivir desahogadamente en una sociedad consumista no parece que tenga mucho futuro. Hay que recalcar que un rechazo total del Gobierno español a la flexibilización de la jornada frenará nuevas inversiones industriales y acelerará la deslocalización de las existentes, ya de por sí muy intensa en los últimos años. Asumido el escenario de la previsible flexibilización del tiempo de trabajo en la Unión Europea, la posición más inteligente es la de luchar porque se formule en términos razonables, o sea, que no se vulnere el principio de la autonomía de la voluntad individual, que no se pueda imponer la extensión de la jornada de forma unilateral e imperativa por el empresario.
La realidad en España es que en multitud de empresas se supera ampliamente el máximo anual de horas extraordinarias, que se camuflan de las formas más variopintas. ¿No habrá llegado el momento de replantearse con seriedad esta situación? Lo más adecuado es que el Gobierno y los interlocutores sociales reconozcan, de una vez por todas, esta realidad y acometan la flexibilización de la jornada en términos de razonabilidad.
La jornada máxima anual en España es de 1.826 horas y 27 minutos (40 horas semanales menos las vacaciones, los descansos semanales y anuales y los festivos). Y la legislación vigente permite la realización de 80 horas extraordinarias por trabajador y año, lo que da un total teórico de 1.906 horas y 27 minutos. Pero resulta que en los convenios colectivos la jornada, como resultado de las sucesivas negociaciones, se ha rebajado sensiblemente y está muy por debajo de 1.826 horas. Una solución para flexibilizarla sería considerar la diferencia de horas de trabajo entre la jornada establecida en el convenio colectivo (por ejemplo 1.740 horas) y el máximo legal (1.826 horas) como horas ordinarias complementarias, acotando en qué supuestos serían de obligado cumplimiento para el trabajador cuando fuese requerido a realizarlas. Con una compensación económica adecuada por estas horas, un poco de imaginación y buena voluntad negociadora, los interlocutores sociales pueden encontrar fórmulas que incrementen el tiempo de trabajo y así mejore la competitividad de la empresa española, situándonos, sin traumatismos, en una línea de paulatina flexibilización de la jornada de trabajo.
En conclusión, en la Unión Europea existe una clara tendencia a reconsiderar la reducción del tiempo de trabajo; se necesitan unas economías competitivas y negar esta realidad no es positivo para nadie. Estoy seguro de que los europeos encontraremos fórmulas para resolver la cuestión.
Alfonso Caldevilla es socio de Dutilh Abogados.
