180 juristas critican que Justicia endurezca la Ley del Menor

El Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 180 jueces, fiscales y profesores de derecho penal, ha elaborado un informe en el que critica varios puntos de la reforma de la Ley del Menor aprobada recientemente por el Consejo de Ministros. Cuestiona especialmente el endurecimiento de las medidas de privación de libertad y la posibilidad de que los menores delincuentes pasen a la cárcel a los 18 años.

El Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por juristas como el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, el vocal del Consejo General del Poder Judicial Félix Pantoja o el director del Instituto Andaluz de Criminología, José Luis Díez Ripollés, asegura que es falso que la delincuencia de menores haya aumentado en los últimos años. Aporta datos del Ministerio del Interior según los cuales se ha pasado de una tasa de detenciones de 13,56 menores por cada mil en 2000 a 13,06 en 2004. En este mismo sentido, Félix Pantoja afirma que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de expedientes abiertos en los juzgados de menores no ha aumentado en los últimos cuatro años, sino que ha descendido: se ha pasado de 54.922 asuntos registrados en 2001 a 32.574 en 2004.

Estos juristas cuestionan varios aspectos del proyecto de ley aprobado por el Gobierno. En cuanto a la posibilidad de que los menores sean trasladados a cárceles de adultos de forma general al cumplir los 21 años, y puedan serlo a los 18, afirman que "sería especialmente reprochable que se estuviera viendo en esta medida una posible solución a la actual masificación y deterioro de los centros de reforma de menores". Indican que, para paliar estos problemas, la solución no es meter a los chicos en la cárcel sino que "es urgente la dignificación y dotación material y de personal de los centros de reforma" e "insistir en la utilidad pública de los procesos de reinserción".

Critican, también, la ampliación de los supuestos en los que los jueces pueden imponer medidas de privación de libertad y la mayor duración de las mismas. Estas sanciones, señalan, deben constituir "el último recurso", según la Convención de los Derechos del Niño, mientras que "en España, en estos momentos, se está internando a más de uno de cada cuatro condenados".

Este grupo de juristas atribuye el incremento de la duración de la medida cautelar de internamiento (antes de la condena), que pasa de seis a nueve meses en el proyecto de ley, a que la duración de los procedimientos judiciales de menores se ha duplicado, habiendo pasado de una media de cinco meses a una de diez. "De nuevo nos apartamos de las directrices del Consejo de Europa, que propugna un máximo de seis meses salvo en casos muy excepcionales. El Gobierno debería dotar de medios personales y materiales suficientes a la justicia de menores".

El grupo insiste en la necesidad de mantener la orientación educativa de la Ley del Menor y no abandonarla por el criterio de la mera represión.