El 59% de las denuncias por maltrato tramitadas de enero a marzo acabaron archivadas por los jueces

El 59% de las denuncias por violencia doméstica que se tramitaron durante el primer trimestre de este año acabaron archivadas por los jueces, sin que ni siquiera se celebrara juicio al no encontrarse indicios para continuar el procedimiento o no localizar al denunciado.

Las cifras fueron facilitadas ayer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que preside Montserrat Comas, coincidiendo con el primer año de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esa estadística oficial constata, una vez más, el progresivo aumento de las denuncias. De enero a marzo pasados se presentaron 37.504, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2005. De esas, 15.364 seguían tramitándose por los juzgados especializados en estos delitos, mientras que otras 22.140 denuncias ya habían sido resueltas de forma muy diversa: 13.072 sobreseídas por uno u otro motivo, 4.062 remitidas a otro tribunal para que las juzgue y 4.996 casos concluyeron en juicios de faltas o sentencias de conformidad. De las personas juzgadas, 3.864 fueron condenadas y otras 1.132 acabaron absueltas.

Otro dato que también indica la estadística oficial es que aumentó un 1,3% las órdenes de protección solicitadas por las mujeres durante el primer trimestre, hasta alcanzar las 8.857. Fueron concedidas 6.688, los jueces rechazaron 1.858 y otras 311 estaban pendientes de resolver.

Comas realizó ayer un balance positivo del primer año de aplicación de la ley, a la que definió como "un acierto". Durante la inauguración de un seminario para los 20 jueces españoles que ocupan juzgados exclusivos sobre la materia, admitió, sin embargo, que existen "disfunciones importantes" en la ley. Entre ellas señaló el hecho de que muchos de los 410 juzgados que hay en España que combinan los casos de violencia doméstica con los casos ordinarios civiles y penales tengan que suspender juicios porque los casos de maltrato son prioritarios. Con todo, la presidenta del Observatorio afirmó que se han cumplidos los objetivos que pretendía la ley.

Menos triunfalista se mostró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Maria Eugenia Alegret, quien afirmó que la creación de juzgados y el aumento de las penas "no es la única vía".

Por su parte, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, indicó ayer, tras la presentación de la Memoria anual, que en otoño el alto tribunal abordará las 37 cuestiones de inconstitucionalidad sobre violencia de género relativas a amenazas y coacciones y algunas sobre órdenes de alejamiento.