71 asociaciones piden el fin de la ley contra la violencia de género

Cinco años después de promulgarse la ley contra la violencia de género, su aceptación encuentra todavía resistencias. Un grupo de 71 asociaciones ha anunciado que exigirá a las Cortes la "urgente derogación" por ser una ley que "atropella cada día los derechos más fundamentales de cualquier ordenamiento jurídico que pretenda vertebrar un Estado democrático".

En un comunicado, estas asociaciones aseguran que "por el mero hecho de tener un cromosoma distinto", la mitad de la población, la masculina, "es considerada presuntamente culpable, invirtiéndose el sentido de la carga de la prueba cuando los hombres son denunciados".

Con ello reabren un debate que ya ha zanjado el Tribunal Constitucional, que ha afirmado que el trato distinto que reciben hombres y mujeres cuando maltratan a sus parejas se ajusta a la norma fundamental.

El comunicado, que firman asociaciones de abuelos "separados de sus nietos", de feministas por la custodia compartida y de padres separados, recoge esta decisión, pero indica que fue tomada por un "Tribunal Constitucional, cuya independencia política todo el mundo cuestiona", y califican el aval otorgado de "sospechoso y controvertido".

Feministas

Esta acción se enmarca en el conflicto que mantienen algunas asociaciones de hombres con otras feministas, como la de Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas (FMSD), ya que aducen que las mujeres alegan que ha habido violencia para beneficiarse en los divorcios o conseguir más fácilmente la custodia de los hijos.

Precisamente, el pasado miércoles la FMSD y otra veintena de organizaciones pidieron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que expulse al juez de familia de Sevilla Francisco Serrano por su "parcialidad" en su ejercicio profesional y estudian si presentan una denuncia contra el magistrado por prevaricación.

Entre otras manifestaciones, el juez aseguró que "miles de hombres son detenidos por denuncias falsas" a la luz de una normativa inspirada en la "dictadura" del "feminismo radical" y que la ley encierra "efectos perversos" porque protege "situaciones de abuso".

En el escrito, recuerdan que el juez preside la Asociación Española Multicidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (ASEMIP), vinculada a grupos de hombres que para defenderse de una imputación de maltrato acusan a sus parejas de manipular a sus hijos para que pierdan su custodia.