Procesados miembros de una sociedad médica por presunto delito contra la salud pública
El magistrado Javier Seoane Prado, del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, ha solicitado la apertura de juicio oral, admitiendo el escrito de acusación por un delito de salud pública, contra cuatro personas vinculadas a la asociación médica Inaodyt, que ofrecía tratamientos dudosos a pacientes, según informó a este periódico.
El Instituto Auxiliar de Orientación, Diagnóstico y Terapéutica (Inaodyt) fue denunciado por la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), integrada en la Unión de Consumidores de España (UCE), por prácticas presuntamente ilegales que atentaban contra la salud pública y en concreto, según Seoane, "por comercialización de productos farmacéuticos sin registrar".
Consultas volantes
El magistrado ha autorizado el juicio oral "ya que no resulta descabellada la acusación". Inaodyt lleva a cabo una serie de consultas volantes por diferentes ciudades españolas. Previo diagnóstico mediante una mínima muestra de sangre -el denominado examen bio-hematológico- la sociedad facilita tratamientos obsoletos e incluso tóxicos, según un informe que en su día presentó la UCA ante el juzgado y que fue elaborado por la universidad de Zaragoza. El Ministerio de Sanidad ha abierto dos expedientes sancionadores por elaboración de especialidades sin registrar.Los encausados son el abogado Juan Prada Becares, -cabeza visible de la asociación-, los médicos Asís Hernando de Larra Mendi y Luis de la Serna y del Pueyo, además del enfermero Eduardo Sauras Laita, enlace de la sociedad en Zaragoza, según informó ayer un portavoz de la UCA.
La acusación, ejercida por los consumidores, solicita para cada uno de ellos pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor y multa de 25 millones con arresto sustitutorio en caso de impago. Según esta fuente, en Murcia y en Bilbao se interpondrán las correspondientes denuncias una vez que se obtengan los resultados de los análisis practicados por los consumidores.
