Comienza el juicio por falsedad en la revalorización del Banco Coca en 1978
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid Inició ayer el juicio contra Ignacio Coca y otras ocho personas, acusadas por el fiscal de cometer en 1978, en total, 30 delitos de falsedad en documento para revalorizar el activo del Banco Coca antes de su fusión con Banesto, por cada uno de los cuales pide un año de cárcel y 45.000 pesetas de multa. Dos de los ex directivos del Banco Coca procesados justificaron la revalorización, y cuatro de los cinco testaferros dijeron desconocer el alcance de los papeles que firmaron.
Según las conclusiones del fiscal, en febrero de 1978 se realizó una cadena de operaciones para, el incremento ficticio del activo del Banco Coca, constitutivas de los delitos de falsedad en documento público o mercantil. Entre otros procedimientos, según el relato del fiscal, los representantes del Banco Coca firmaron en Madrid escrituras notariales de venta de varias fincas, que unos días después fueron vendidas por igual precio a terceras personas ante un notario de Fuengirola, y unos días más tarde, ante un notario de Málaga, dichos intermediarios -las vendieron a su vez al Banco Coca, por importes desorbitados respecto al precio inicial, hasta obtener una plusvalía superior a los 2.000 millones de pesetas.Desde 1978, el fiscal encargado del caso, Fernando Jiménez Lablanca, realizó una intensa investigación, como consecuencia de la cual solicitó el procesamiento de los implicados, que inicialmente fue denegado por el juez de instrucción José Antonio de la Campa, y finalmente estimado por la Audiencia Provincial de Madrid, a la que Jiménez Lablanca recurrió en apelación.
En la vista oral iniciada ayer -casi ocho años después de ocurridos los hechos que se juzgan-, Juan Antonió del Río Bravo de Laguna, ex director general del Banco Coca, declaró que, la revalorización se realizó de acuerdo con Banesto y para ajustar los valores del Banco Coca, "que estaban muy por debajo de los reales". Reconoció que firmó ante notario la venta de diversas fincas, pero que desconocía que dichas fincas e inmuebles fueran revendidos días después a precios muy superiores. En igual línea -se expresó Miguel Pintado Aguado, administrador de algunas empresas del Banco Coca, si bien este reconoció que sabía que las fincas vendidas volverían al banco.
Firmaron sin saber
Por su parte, tres de los intermediarios o testaferros declararon desconocer el carácter ilícito de las operaciones notariales en las que participaron. Antonia Vergara Piñero, ama de casa, dijo haber accedido a firmar unos papeles para realizar un favor pedido por su cuñado, Juan Medianero. "No sabía si se trataba de compra de fincas o qué, ni si luego se vendían otra vez", declaró. Encarnación Barco Gil dijo que acompañó a Madrid a su vecina Antonia para firmar unos papeles sin saber lo que firmaba. Afirmó haber recibido 400.000 pesetas de gratificación que ella no esperaba ni había pedido.José, Medianero Guerrero afirmó que su hermano Juan le pidió que firmara unos papeles y lo hizo, sin más. En cuanto a la cantidad de un millón de pesetas recibido, señaló que no era por esa firma, sino una gratificación que le daba su hermano. Este último, Juan Medianero, manifestó que un directivo del Banco Coca, José Luis Cuberta Grafia, a quien conocía de toda la vida, le pidió que buscara unas personas para firmar unos papeles, y le hizo ese favor. Reconoció que posteriormente recibió varios cheques, por importe total de unos 12 millones de pesetas, para que los repartiera como gratificación entre los firmantes de los distintos documentos. "Yo repartí el dinero y nunca pensé que las operaciones fueran ilegales" afirmó.
En la continuación de la vista oral el próximo 11 de febrero tendrán que declarar los restantes procesados: José Luis Cuberta, directivo del Banco Coca, y José Ramírez Lucena, otro de los intermediarios -ambos ausentes ayer, por enfermedad- y el propio Ignacio Coca, quien declaró a los informadores que la revalorización era justa y se hizo de acuerdo con Banesto.
