Activismo en los púlpitos del poder económico

"Repsol no respeta derechos básicos internacionalmente reconocidos a las poblaciones indígenas". Cuando el pasado miércoles Isabel Tamarit, de Intermon Oxfam, desgranaba con guante de seda en puño de hierro sus quejas sobre la actuación de la multinacional española en América Latina, no tenía delante al hatajo de convencidos habituales en plena performance contra la compañía. Casi todos los que la escucharon sin pestañear llevaban corbata y estaban reunidos para celebrar que Repsol YPF tuvo el año pasado un beneficio récord de 3.188 millones de euros. El escenario era nada menos que la junta de accionistas, con su presidente, Antonio Brufau, al frente.

No hubo aplausos, pero Brufau dijo que tomaba nota y todos se vieron obligados a escuchar los reproches de la ONG porque hablaba en nombre de cuatro fondos de inversión y 900.000 acciones. El llamado activismo accionarial -infiltrarse en el seno de la compañía para que no se pisoteen derechos humanos, sociales o ambientales- se consolida en España y todo indica que va a hacerse habitual en las grandes empresas. La corriente mundial en favor de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) presiona además a las compañías a mostrarse sensibles hacia estas inquietudes.

En marzo, las ONG Justicia y Paz y Setem tomaron la junta del BBVA y le afearon las inversiones en el sector armamentístico, además de proyectos controvertidos en América Latina. Setem es un clásico de las juntas: dispone de 120 acciones de Inditex y 10 de Adolfo Domínguez, lo que le permite hablar cada año ante sus máximos ejecutivos.

¿Sirve de algo o se trata de un diálogo de sordos? "No tienen más remedio que escuchar porque no era sólo una ONG quien hablaba, sino que teníamos la fuerza que dan 900.000 acciones", explica Tamarit, responsable del programa del Sector Privado de Intermon Oxfam, que antes de dar el salto al mundo de las ONG fue durante siete años ejecutiva de una multinacional. Intermon no compró ninguna acción, pero pudo hablar en la junta al contar con el aval de 81.000 títulos españoles y cuatro fondos estadounidenses, entre ellos el Boston Common Assets. El discurso -intervinieron dos personas de Intermon- tuvo que ser necesariamente breve, eso sí: 900.000 acciones dan derecho a hablar, pero su influencia real es muy limitada al representar apenas el 0,06% del capital social.

Pese a ello, Tamarit está satisfecha con la experiencia y convencida de su utilidad. Brufau no sólo tomó nota, sino que Repsol ya se comprometió luego a debatir con la ONG una declaración sobre principios y derechos de los pueblos indígenas, cuyo borrador la ONG tacha de "vago e impreciso". Éste fue el motivo de la intervención: tratar de convencer a la multinacional para que apruebe unas normas de conducta que respeten a los pueblos indígenas en los lugares donde explotan pozos de petróleo, particularmente en Perú.

Hace años que Intermon Oxfam presiona en vano para obligar a Repsol YPF a tomarse en serio los derechos de los indígenas. Del año pasado es un informe de 55 páginas titulado Pueblo sin derechos. La responsabilidad de Repsol YPF en la Amazonia peruana. El documento da la voz a los afectados, que se expresan de forma muy rotunda: "No logramos nada de beneficio de Repsol. Dañaron el bosque y no nos han compensado. Siempre decían que lo veríamos en la siguiente reunión y nunca nos dieron nada", explica el jefe de una de las comunidades en cuyas tierras hubo prospecciones.

"Nos parece estupendo que Intermon Oxfam haya intervenido en la junta", explica Marisol García Bango, responsable del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Repsol YPF, quien añade: "La colaboración es necesaria; empresas y ONG ya no nos vemos como enemigos". García Bango está convencida de que su empresa es una de las más respetuosas en su sector, pero admite que queda mucho por mejorar y que no puede dar la espalda a los movimientos sociales: "Ya no se puede ir por la vida sin contar con los de enfrente, aunque estés convencido de que lo haces bien".

El activismo accionarial lleva décadas de recorrido, sobre todo en el mundo anglosajón. En España es más reciente, pero suma ya siete años de vida. Lo importó Setem, la ONG que más lo ha practicado y que en 2001 sorprendió a todos adquiriendo 120 acciones -hay 630 millones- de Inditex, la exitosa multinacional española de la moda.

Desde entonces acuden siempre a la junta de accionistas para reclamar mayor compromiso social. Al principio chocó, pero siete años después tanto la empresa como la ONG esbozan un balance positivo. "Estamos encantados, el clima es de gran cordialidad y un pilar estratégico de la empresa es precisamente la responsabilidad social", subrayan fuentes de Inditex. Annie Yumi Joh, responsable de campañas de Setem, se muestra menos eufórica y recalca que aún hay mucho por mejorar, pero está convencida de que la insistencia de la ONG ha contribuido a avanzar. "Tenemos una pata dentro y otra pata fuera, pero nuestro tono siempre es constructivo para ser más efectivos", explica Yumi Joh.

"Antes de 2001 Inditex ni siquiera tenía departamento de RSC", apunta Yumi Joh, "y ahora está muy activa en este campo, hasta el punto de que se unió a la Ethical Trade Initiative, organismo independiente con el objetivo de promover y mejorar los códigos de conducta en las cadenas de producción". El sector textil es uno de los más fiscalizados por las ONG para evitar cadenas inextricables de subcontrataciones que pueden culminar en condiciones de semiesclavitud en algún rincón perdido del mundo.

Setem ha comprado también acciones de Adolfo Domínguez, logró intervenir en la junta del BBVA -grupos de accionistas les cedieron su turno- y se plantea llevar la estrategia a otras empresas de los sectores textil y financiero, que juzgan prioritarios. Los objetivos, añade Yumi Joh, son dobles: "De un lado, dar voz a asuntos como derechos humanos y laborales. Del otro, sensibilizar a los accionistas de que una mala imagen puede perjudicar a la organización".

"Que las ONG entren en las juntas de accionistas es una herramienta que se ha comprobado efectiva, siempre que esté acompañada de otras formas de presión", opina Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de la escuela de negocios Esade. Carreras acumula raudales de experiencia tras años al frente de Intermon Oxfam empujando para romper la barrera hasta hace poco inexpugnable entre ONG y empresas. "Al principio, las empresas suelen sentirse atacadas injustamente, pero se pone el dedo en la llaga y se acaba avanzando en temas no resueltos, aunque a largo plazo", explica. Según Carreras, las juntas de accionistas son una magnífica plataforma porque "dan mucha visibilidad y el presidente escuchará de primera mano críticas que raramente le habían llegado antes directamente".

Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que agrupa a ONG, sindicatos y organizaciones de consumidores, alaba las iniciativas de activismo accionarial, pero recalca también sus limitaciones: "Las empresas multinacionales son cada vez más poderosas y el peso de la fiscalización social no puede recaer sólo en las ONG porque no dan abasto". A su juicio, la clave está en los organismos supranacionales, como la Unión Europea y Naciones Unidas, que "deberían establecer un marco de obligado cumplimiento para todos y crear instrumentos que permitan verificar que se respetan".

Tanto la ONU como la UE han impulsado iniciativas para que la RSC se integre en el conjunto de la política de la empresa y no sea mero maquillaje, así como para forzar cierto nivel de rendición de cuentas. Pero se trata siempre de iniciativas voluntarias que, por tanto, comprometen poco. Un ejemplo: la iniciativa Global Compact de la ONU, que establece algunos estándares básicos de actuación empresarial, tiene la adhesión de 3.000 empresas. Parece un gran éxito, pero adherirse a ella sale casi gratis y entre los firmantes hay algunas de las compañías que más se encuentran en el punto de mira de las ONG, como PetroChina.

El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), vinculado a la Universidad Politécnica de Cataluña, es aún más pesimista. Jesús Carrión, responsable del programa de "monitoreo de transnacionales", recuerda que su organización ya intervino en la junta de Repsol YPF de 2006 y que ya entonces Brufau tomó nota. "No sirvió de nada; fue todo papel mojado", concluye.

Carrión se muestra muy crítico con los programas de RSC de las multinacionales españolas, a los que se refiere como "irresponsabilidad social corporativa". "Hacen pequeños donativos y tienen gran capacidad mediática para rentabilizarlos como publicidad mientras siguen adelante con programas que destrozan comunidades y territorios".

El ODG considera más útil participar en las contracumbres, como la que se realiza estos días con motivo en la reunión UE- América Latina, aunque sea a costa de romper puentes con las empresas y dejar de ser interlocutores para ellas. "El peligro es que las grandes empresas utilicen a las ONG para legitimarse", apunta. Su análisis le da la vuelta a la toma de las juntas de accionistas por parte de las ONG. Más bien serían las grandes empresas las que estarían tomando las ONG con la añagaza del dinero para la responsabilidad social corporativa.