La Agencia Ambiental de EE UU reconoce la amenaza del CO2

La Agencia de Protección Medioambiental, dependiente del gobierno federal norteamericano, admitió este lunes oficialmente que los gases de efecto invernadero suponen una seria amenaza para la salud de los seres humanos y para la estabilidad del planeta, consumando el importante giro en la política ecológica de la Casa Blanca acometido por el presidente Barack Obama y dándole a éste la potestad de imponer límites a la contaminación al margen del Congreso.

"Estas medidas, que deberían haberse tomado mucho antes, confirman que 2009 será el año histórico en el que el Gobierno de Estados Unidos comenzó a afrontar el desafío de la contaminación de los gases de efecto invernadero y aprovechó el momento para acometer cambios en aras de una energía limpia", dijo ayer la administradora jefe de esa agencia, Lisa P. Jackson, en conferencia de prensa.

El hecho de que esa agencia del gobierno, creada en 1970 con el cometido de aprobar normas ejecutivas para proteger a la población y al medio ambiente, reconozca los efectos perniciosos de la contaminación, supone que la Administración de Obama podrá tomar medidas en contra del calentamiento global independientemente del Congreso y aunque éste no apruebe legislación al respecto.

La Cámara de Representantes aprobó el pasado mes de mayo una normativa que impondría límites a la emisión de CO2 a automóviles, fábricas y plantas energéticas, pero ese proyecto de ley debe ser aprobado aun por el Senado. Obama, que acudirá a la clausura de la cumbre mundial del clima que comenzó ayer en Copenhague, se ha mostrado dispuesto a secundar allí un acuerdo político internacional vinculante para reducir la contaminación.

Jackson no reveló si la Agencia esperará a que el Senado vote aquel proyecto de ley o si emitirá independientemente una normativa que imponga límites a la contaminación, sin esperar al Congreso. Lo que si adelantó es que no admitirá más demoras como las impuestas por la administración del ex presidente George Bush: "No hay más excusas para seguir sin hacer nada. Esta Administración no ignorará a la ciencia y a la ley durante más tiempo".

En 2007, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno de Bush que elucidara si los gases de efecto invernadero se consideran contaminantes y perjudiciales para el ser humano. Bush impidió que la Agencia se pronunciara al respecto, por los efectos adversos que una aserción como aquella podría tener sobre el desarrollo económico, el parqué automovilístico y el consumo de energías tradicionales.

Hasta ayer, iba a acudir a la cumbre sin una legislación específica que avale o imponga límites a sus compromisos. A partir de ahora cuenta con la potestad de la Agencia de Protección Medioambiental para emitir decretos. En preparación para su viaje, el presidente se iba a reunir en la Casa Blanca, al cierre de esta edición, con el ex vicepresidente y reputado ecologista Al Gore y con diversos hombres de negocios, científicos y activistas expertos en cambio climático.