Algunas autonomías revisan la mala situación de sus guarderías
Algunas comunidades, como Baleares o Aragón, admitieron ayer que tienen funcionando escuelas ilegales para los niños menores de tres años, como revela el informe realizado por la Universidad de Vic por el encargo del Ministerio de Asuntos Sociales, en base a datos oficiales
lo atribuyen a gestiones anteriores y aseguran que los centros están siendo revisados. Otras, como Andalucía y Madrid, no quisieron ayer pronunciarse sobre esta cuestión. Este estudio solicita, entre otras cuestiones, que el Ministerio de Educación elabore unos "requisitos mínimos comunes para toda España" que garanticen la calidad de estos centros, sobre todo, de los privados.
Un portavoz del ministerio aseguró ayer que "no está previsto hacer esos requisitos" puesto que la ley en vigor (promovida por los socialistas) lo deja en manos de las comunidades, pero añadió que "no es una puerta cerrada".
Un sector abandonado
Baleares -una de las 10 comunidades que reconoce tolerar guarderías ilegales, según el estudio de Vic- fue ayer de las pocas que dio la cara. "Estamos intentando arreglar un sector abandonado porque no se hacía cumplir la ley, llevamos ya 18 años de retraso ya que la reglamentación es de 1991", manifestó la consejera de Educación de Baleares, Bárbara Galmés, del PSOE. "En la etapa
anterior no se quería molestar a nadie y no se hacía nada en este caso". Balmes afirma que el actual Gobierno ha mejorado la situación. "En ocho meses se ha pasado del 23% de guarderías privadas autorizadas y al 73%", asegura. Baleares tiene listo un decreto de mínimos para el sector, pactado en el Consejo Escolar y por el Consejo Consultivo, que da un plazo de adaptación global de tres años.
En Aragón, desde 2005 se han abierto cuatro expedientes a centros que eran ludotecas y que funcionaban como guarderías, los problemas eran de horario o por tener "menores y nunca graves, como los accesos, locales o falta de personal cualificado", según señaló ayer un portavoz de la consejería. En Aragón existe una red de casas canguro que funcionan en los pueblos más pequeños (de menos de 5.000 habitantes casi todos) en las que colaboran los Ayuntamientos. En estos momentos, según portavoces del Gobierno se está procediendo a su adaptación.
