Aprobada la cesión de competencias sobre los ríos

Las autonomías recuperarán las competencias para inspeccionar y sancionar en los ríos. El Congreso aprobó ayer un real decreto ley presentado por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, para sortear la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía andaluz, que le quitó a la comunidad unas facultades que tenía desde 2009.

Lo que llevó ayer Aguilar a la Cámara fue una mezcla de medidas dispares dentro del real decreto que combina un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la declaración de interés general de dos obras de regadío en Huelva, y las transferencias de las competencias de la policía de dominio público hidráulico en cuencas intercomunitarias a las autonomías que las incluyen en sus estatutos (Andalucía, Aragón y Cataluña).

La intención, según la propia ministra, era "cumplir las previsiones estatutarias en el marco de la reciente doctrina sentada por Tribunal Constitucional contribuyendo a dar seguridad jurídica en relaciones intracomunitarias y preservando unidad de cuenca".

Los únicos votos en contra fueron los de cuatro diputados populares y el de Rosa Díez (UPyD). Nacionalistas y socialistas votaron a favor. El resto se abstuvo, incluido el grueso de diputados del PP, cuyas razones fueron de forma, ya que "un real decreto ley está reservado para asuntos urgentes y extraordinarios y este no cumple esos preceptos". El Parlamento andaluz aprobó por unanimidad el pasado martes, PP incluido, una proposición de ley que perseguía precisamente que el Estado ceda a la Junta las competencias sobre el Guadalquivir.