Becarios estafados

La acusación particular ha pedido seis años de cárcel para tres profesores de la Universidad de Sevilla por la presunta apropiación del dinero de ocho becarios, petición que se une a los cuatro años de prisión ya solicitados por el fiscal. El escrito de acusación del abogado José Alberto Monsalvete, en nombre de una de las becarias, solicita además la devolución a su clienta de los 10.852 euros que debió cobrar y el pago de 3.000 euros por daños y perjuicios morales, de cuyo pago hace responsable solidario a la Universidad "por un delito producido por personal dependiente de ella".

La fiscalía de Sevilla, por su parte, ha pedido cuatro años de cárcel para cada uno de los tres profesores, a los que acusa de apropiarse entre los años 2000 y 2003 de un total de 82.406 euros de ocho becarios, a los que contrataron dentro de un programa financiado por la Unión Europea. Según las acusaciones, el director del proyecto, M.P.P., profesor de la Facultad de Derecho, acordó verbalmente con los becarios una asignación mensual de 300 euros, pese a que las bases de las ayudas preveían una retribución de 1.322 euros al mes en la primera anualidad y 1.520 euros en las dos sucesivas.

La acusación se dirige además contra la esposa del principal imputado, también enseñante, y otro profesor que participó en un trabajo sobre la nueva organización del trabajo en Europa, coordinado por la Universidad sueca de Goteborg. Los ocho becarios, todos ellos recién titulados en Derecho y Estadística, dejaron de percibir entre 8.114 y 26.081 euros, según el fiscal. La acusación particular, además de los seis años de cárcel por un presunto delito de estafa para cada imputado, pide otros tantos años de suspensión de empleo y sueldo, y sendas multas de 4.320 y 2.160 euros por los delitos de estafa y malversación de fondos públicos.

"Gastos del proyecto"

Del pago de dichas cantidades hace responsable a la Universidad de Sevilla porque el delito fue cometido por "personal dependiente de ella" y además la institución "debía controlar todas las contrataciones realizadas". Según la Fiscalía de Sevilla, los tres acusados "pensaron, desde el principio, hacer suyos los 164.348 euros" previstos en el proyecto para los becarios y llegaron a elevar una consulta a la Universidad de Sevilla, que les respondió que la partida de personal solo podía destinarse a becarios y que el trabajo de los profesores no era retribuíble ni subvencionable, al ser personal de la Universidad.

Por ello, según el fiscal, idearon un plan consistente en abrir cuentas bancarias compartidas con los becarios para ingresar en ellas el importe de la beca, y explicaron a las víctimas que la diferencia era para "sufragar otros gastos del proyecto y remunerar a otros participantes". Este caso fue denunciado en el juzgado por la propia Universidad de Sevilla al recibir la primera queja de una becaria, y posteriormente se unieron otros hasta totalizar los ocho becarios que comparecerán en el juicio como testigos y afectados.