Bruselas sienta en el banquillo a España por poner en peligro al oso pardo y al urogallo

Una Comisión Europea insatisfecha con la calidad de las evaluaciones de impacto medioambiental y con las justificaciones dadas por España por actuaciones potencialmente dañinas para el oso pardo y para el urogallo en el Valle de Laciana (León) ha decidido sentar al Gobierno español en el banquillo del Tribunal de Justicia de la UE. El origen del contencioso hispano-comunitario radica en las minas a cielo abierto explotadas en la comarca.

"Los proyectos de ingeniería o de construcción no están sistemáticamente prohibidos en los sitios de Natura 2000, pero hay que garantizar que no afecten negativamente a zonas tan importantes", ha declarado este jueves en un comunicado Stavros Dimas, comisario de Medio Ambiente. Natura 2000 es la red europea de zonas protegidas y la del Valle de Laciana, en las inmediaciones de Villablino, se ve amenazada por varias explotaciones mineras a cielo abierto autorizadas y en explotación.

Lo que inquieta a Bruselas es el efecto que esa actividad económica no pautada pueda tener sobre el oso pardo y el urogallo, dos especies en peligro y protegidas por la legislación europea. Bruselas lleva años pidiendo explicaciones a las autoridades españolas sobre lo que allí ocurre, conforme a la exigencia legal de que se realice una minuciosa evaluación medioambiental antes de autorizar ninguna intervención. "Habida cuenta de que la Comisión no está satisfecha con la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental llevadas a cabo hasta la fecha, no con las justificaciones posteriormente presentadas por España, el caso ha sido elevado al Tribunal de Justicia", ha informado el Ejecutivo comunitario.

El proceso en Luxemburgo puede durar alrededor de dos años en una primera fase. Y un número indeterminado más de años en caso de sanciones.

La Comisión también ha anunciado que enviará a España un segundo apercibimiento escrito (paso previo al recurso al Tribunal) por no haber dispensado la protección adecuada a 174 lugares de Canarias que siguen sin ser clasificados como zonas especiales de conservación pese a haberse superado largamente la fecha límite de diciembre de 2007. Las autoridades españolas alegan que la tramitación de los expedientes está en marcha, a lo que Bruselas replica que no tiene ni noticia de fecha para la designación de las zonas ni noticia de que se hayan puesto en marcha medidas de conservación pertinentes.

Pese a su escueta superficie, apenas el 0,3% del territorio comunitario, las Islas Canarias albergan más del 20% de los tipos de hábitats más importantes de la Unión y el 28% de su flora protegida, la mayor parte endémica del archipiélago.