El bosque de azufre

La térmica de Andorra, de ENDESA, llevada a juicio por contaminar 200.000 hectáreas

Castellón - 29 feb 1992 - 00:00CET

"Sólo pedimos que cese la contaminación de la térmica y se regeneren los bosques afectados", afirma un joven perteneciente al Grupo Ecologista de Villafranca del Cid (Castellón de la Plana), convencido, al igual que los vecinos de la comarca de Els Ports, de que la degradación que sufren sus bosques desde 1982 tiene su origen en la lluvia ácida (dióxido de azufre) procedente de la central térmica de Andorra (Teruel), propiedad de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA). El fiscal de la Audiencia de Castellón, Javier Carceller, ha iniciado ya los trámites legales por supuesto delito ecológico de la central por la contaminación de más de 200.000 hectáreas de bosques.

Los efectos de la contaminación se observaron por primera vez allá por el año 1982 en el monte Els Carrascals, en el término municipal de Morella (Castellón). Los pinos comenzaban a defoliarse por la copa y terminaban secándose hasta la raíz y reducidos a verdaderos espectros, cuya madera era inservible. Allí se talaron entonces unos 13.000 pinos. Se calcula que otros tantos están muertos, y unos 100.000, afectados. El ámbito geográfico de la contaminación se extiende por unas 220.000 hectáreas (80.000 en la provincia de Castellón, 120.000 en Teruel y 20.000 en Tarragona). Las especies vegetales más afectadas han sido los pinos y en menor medida los enebros y las encinas.A partir de 1984 comenzó una tímida mejoría de los bosques reconocida tanto por los grupos ecologistas como por los alcaldes de la zona. Ahora la contaminación no es tan intensa y aunque los pinos siguen defoliándose no mueren por completo. En paralelo a esa contaminación, el bosque hasido atacado por diversas plagas como la procesionaria, aunque los efectos son compjetamente distintos", afirma Oscar Tena, de 21 años, miembro del Grupo Ecologista de Villafranca.

Chimenea de 343 metros

Tras detectarse esa muerte sospechosamente artificial de los pinos, todas las miradas se dirigieron a la central térmica de Andorra (Teruel), que entró en funcionamiento en 1979. En un radio de 120 kilómetros no existe otra industria capaz de producir similares índices de contaminación procedente de cuatro puntos: emisiones de humo, residuos de la combustión de lignitos, agua del sistema de refrigeración y vertido de aguas residuales.

El más nocivo de todos ellos son las emisiones de azufre que la térmica dispersa en la atmósfera a través de una chimenea de 343 metros de altura. Pese a ello se forma un penacho, que los vientos predominantes trasladan hacia Els Ports y el Bajo Aragón. "No hay más que otear el horizonte desde un punto alto para ver hacia dónde se dirige el penacho de la térmica. La contaminación existe, y, aunque se diga que se respetan los límites establecidos en la legislación vigente, están matando los bosques de forma legal", comenta Raúl Colón, otro miembro del Grupo Ecologista. "Contaminación claro que hay, pero como todos son los mismos nadie soluciona nada y así llevamos ya 10 años", dice Antonio Monfort, comerciante de Villafranca.

La opinión de los alcaldes es similar. Su protagonismo en la cuestión se deriva del hecho de que la mayoría de los bosques afectados son de titularidad pública. Así, Rogelio Tena, alcalde socialista de Villafranca, mantiene que las emisiones de la térmica han sido decisivas en el deterioro de los bosques, "sobre todo en los primeros años de funcionamiento", matiza. "Para los alcaldes", añade, Io prioritario es que se alcance una solución rápida y eficaz, osea, que cese la contaminación y se regeneren los bosques".

El presidente de la Generafitat valenciana, Joan Lerma, afirmó recientemente que su Gobierno está elaborando un proyecto que incluye las necesarias partidas económicas para iniciar los trabajos de regeneración del bosque, con independencia de la decisión final de los tribunales.

Mientras, tanto la dirección de ENDESA como el Ministerio de Industria rechazan tajantemente que la contaminación ambiental sea producto de la central. En su defensa alegan que ningún informe ha puesto de manifiesto la relación causaefecto entre el deterioro de la vegetación y las emisiones de la central. Además, insisten en que los niveles de las emisiones (medición en la atmósfera) e inmisiones (contaminación en el suelo) nunca han sobrepasado los máximos legales. Añaden que ENDESA ha invertido más de 20.000 millones de pesetas en medidas correctoras de la térmica de Andorra en los últimos tres años.

De la ineficacia política a la polémica jurídica

La primera decisión de la Administración para analizar y atajar la degradación forestal de Els Ports y las zonas limítrofes de Teruel y Tarragona se toma en julio de 1984 con la creación de la Comisión de Seguimiento de la Contaminación Ambiental de Els Ports, de carácter marcadamente político. A continuación se constituyó una subcomisión técnica.Sin embargo, cinco años más tarde, ambas comisiones fueron disueltas tras unos resultados raquíticos. En el plano de la investigación científica sobre las causas que provocaron ese desastre ecológico, y pese a contar con el concurso de organismos internacionales como el instituto NILU de Noruega, la comisión técnica habla de agentes ecológicos, sequía y contaminación atmosférica, pero no fija el grado de incidencia de cada uno de ellos. En el aspecto práctico, la comisión de seguimiento fue incapaz de elaborar un proyecto para la regeneración de esos bosques ya muertos.

Ante esa pasividad de la Administración, los alcaldes de los municipios afectados, convencidos de que el origen de la contaminación está en la central térmica de Andorra (Teruel), recurrieron judicialmente contra los responsables de ENDESA; primero con una demanda civil, y más tarde, en junio de 1989, mediante una querella criminal por presunto delito ecológico. La querella la presentó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vinarós, Javier Carceller, fiscal de Castellón. Y posteriormente se personaron los municipios afectados (17 de Els Ports, 6 de El Maestrazgo y 2 de Tarragona), aparte de tres acusaciones populares: Greenpeace, Marc Viader, un biólogo del Baix Ebre, y diversos grupos ecologistas de Castellón y Valencia.

La acusación formulada por Carceller, que propondrá a casi 100 testigos en el juicio, se limita a tres directivos de la central tras la polémica decisión del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, de impedir que sea inculpado el presidente de ENDESA, Feliciano Fuster.

El fiscal solicita un año de cárcel y multa de un millón de pesetas para los tres directivos y fija una fianza de 5.000 millones para hacer frente a las posibles indemnizaciones a los afectados.