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Las CC AA inspeccionarán a las compañías aéreas que más operan en sus territorios

Treinta y cinco empresas nacionales, 15 comunitarias y una de terceros países serán examinadas por las autoridades locales de Consumo

Cada comunidad autónoma realizará inspecciones a las compañías aéreas que más operan en su territorio. Esto es lo que recoge el acuerdo al que han llegado este lunes las empresas con el Ministerio de Sanidad y Política Social, y del que ha informado el departamento que dirige Trinidad Jiménez. En total está previsto que las autoridades responsables del área de Consumo de las comunidades autónomas controlen a 15 compañías nacionales de transporte aéreo, 35 comunitarias y una de terceros países.

Para la realización de la campaña las autoridades de Consumo comprobarán el cumplimiento de la normativa de protección al usuario tanto en las empresas como en sus páginas web. Entre otras cosas, verificarán que el precio de los vuelos figura de forma clara y exacta en la página y que éste corresponde al coste final a pagar por el consumidor, incluidos impuestos, recargos, suplementos, descuentos o derechos que sean obligatorios, además de precisar si existe alguna vía de pago sin recargo.

La inspección comprobará también que existe igualdad de oportunidades para los consumidores de cualquier nacionalidad o lugar de residencia, establecimiento u operador aéreo o comercializador de título de transporte. Por último, habrá de facilitarse información sobre los códigos de conducta a los que está adherida la compañía y la manera en que pueden consultarse electrónicamente. Otros aspectos esenciales que se inspeccionarán serán el cumplimiento de los requisitos generales de la contratación, que deben exponer claramente los aeropuertos de origen y destino con su nombre oficial íntegro, especificar si el vuelo es directo o con escalas e informar en idioma oficial si las condiciones generales pueden ser almacenadas y reproducidas.

La compañía tiene que informar al usuario de manera inequívoca de los trámites para celebrar el contrato, de si archivará el documento electrónico, de los medios para identificar y corregir errores, y del plazo de validez de la oferta. Los inspectores examinarán si en el contrato tipo se incluyen cláusulas abusivas o se imponen condiciones particulares, si se informa a éstos de forma clara y accesible de los mecanismos previstos para que hagan valer su derecho de desistimiento y de los procedimientos para realizar cambios y anulaciones. La posibilidad de informarse sobre el contrato o la forma de realizar reclamaciones no deben suponer coste añadido como la utilización de un número telefónico con coste adicinal adicional.

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