El CGPJ perdona a la juez que no casa a gays

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estimado el recurso de la juez del Registro Civil de Dénia (Alicante) Laura Alabau, quien se ha negado reiteradamente a dar validez a matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, y ha levantado la sanción contra ella. La decisión se ha adoptado por estrecho margen: 9 votos a favor provenientes de la mayoría conservadora y 8 en contra, siete de la minoría progresista y uno del magistrado independiente Agustín Azparren.

Tras negarse a casar a dos hombres británicos en 2006, la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia y responsable de los registros civiles de toda España, revocó la decisión de la juez, obligándola a inscribir la boda. Alabau escribió entonces una carta al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que afirmaba que la decisión de ese organismo era "ilegal" y respondía únicamente a "intereses políticos y propagandísticos". Y añadía que se sentía víctima de "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" y que el fiscal se había convertido "vergonzosamente" en un "apéndice de ese mismo Gobierno al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado".

La comisión disciplinaria del Consejo consideró que estas afirmaciones constituyeron una falta grave consistente en "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición" y una leve de "desatención o desconsideración con el Ministerio Fiscal", que sancionó, respectivamente, con una multa de 305 euros y una advertencia.

En su reunión de hoy, el pleno del Consejo ha considerado que dichas manifestaciones no constituyen ninguna infracción sino que se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresión. El vocal conservador José Merino ha sido el autor de la propuesta de levantamiento de la sanción. Previamente, Merino había redactado una propuesta contraria a dicho levantamiento. Entonces, la razón aducida fue que el expediente sancionador realizado por el gobierno de los jueces había caducado por haber transcurrido más de seis meses desde que se inició.

La justicia ha dejado impunes al menos a otros cinco jueces desde febrero de 2006, cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo cambió su doctrina obligando al Consejo a tramitar sus investigaciones en el plazo estricto de seis meses. Todos los jueces y magistrados sancionados con anterioridad a esa fecha -algunos por retrasos escandalosos, por no poner sentencias, por redactar resoluciones extravagantes o por abusos de poder relacionados con su condición de jueces- han quedado impunes después de recurrir al alto tribunal.