La CMT cuestiona que las 'telecos' financien el cine

Las operadoras de telefonía que difundan canales de televisión ajenos no deberían estar obligadas a contribuir con el 5% de sus ingresos a la financiación del cine europeo como prevé la futura legislación. Así lo recoge el informe que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha remitido a la vicepresidencia primera del Gobierno sobre el anteproyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGA).

Citando la directiva europea, que no considera prestador de servicios audiovisuales a las empresas que "difunden los programas cuya responsabilidad editorial es de terceros", el informe asegura que "se debería suprimir la obligación de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas que difundan canales a contribuir a la financiación de las obras europeas". Hasta ahora, la ley obligaba a las televisiones nacionales y autonómicas que emiten películas de menos de siete años de antiguedad a destinar el 5% de sus ingresos anuales a la industria cinematográfica. La futura LGA amplía esta obligación a los operadores de telefonía que distribuyan televisión. Es el caso, por ejemplo, de Telefónica, que comercializa Imagenio. La CMT ya se opuso recientemente a que las telecos destinaran el 0,9% de sus ingresos anuales a la finanación de RTVE.

En un informe crítico -aunque no vinculante- con el antreproyecto, la CMT asegura que esta ley no debe extender su mano al ámbito de las telecomunicaciones, algo que hace en varios artículos, porque no le compete.

Además, la CMT se queja de la falta "de una regulación detallada en aspectos esenciales, como son las obligaciones básicas de las licencias" para emitir por TDT. En este apartado, el proyecto dice que una licencia permitirá que los canales de pago ocupen, como máximo, la mitad del espectro (ancho de banda) que se conceda. Sin embargo, la CMT pide que se suprima ese límite, ya que considera que sólo hay que garantizar que en el futuro haya, al menos, los mismos canales en abierto que existen ahora en analógico.

También cuestiona el informe de la CMT el "escaso desarrollo" dedicado a "una actividad tan importante como es el servicio público" de televisión. Reclama mayor definición de lo que significa "servicio público" (algo que está en plena revisión en el ámbito europeo), esto es, fijar sus funciones "mediante una lista tasada, objetivos, marco básico para la gestión del servicio, garantías para el pluralismo y la participación social, financiación y posibles mecanismos de cooperación entre distintas entidades prestadoras del servicio público radiotelevisivo". Y siguiendo con las reclamaciones de mayor concreción, la CMT la pide para el futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. El organismo apuesta por una autoridad en la que converjan el sector audiovisual y el de las telecomunicaciones, como ocurre en Reino Unido. La LGA, sin embargo, ha apostado por el modelo francés. En todo caso, el informe considera que el Consejo Audiovisual debería ver reforzadas en la ley "determinadas potestades tales como los requerimientos de información a los operadores del sector, las multas coercitivas, la potestad sancionadora".

Respecto a las restricciones publicitarias (12 minutos por hora de emisión como tope), el anterproyecto prevé que aparte de ese tiempo de anuncios, se puedan emitir otros 12 minutos de telepromoción (formato en el que el presentador de un programa, por ejemplo, dedica unos minutos a promocionar algún producto de carácter comercial). La CMT sostiene que esas telepromociones no pueden quedar fuera de la restricción general.