Cabrera: "Prefiero no pensar que una comunidad pueda entorpecer la Ley de Dependencia"

La puesta en marcha de la Ley de Dependencia está suscitando recelos entre quienes ven pasar el tiempo sin recibir las ayudas que esta norma les garantiza. Sin embargo, los posibles retrasos no se deben a que haya falta de interés de las administraciones, sino a que se trata "de una ley muy ambiciosa y compleja en su aplicación". Así al menos lo considera la ministra de Política Social, Mercedes Cabrera, que también quiere zanjar la cuestión del posible boicot a la ley por parte de algunos gobiernos regionales. "Prefiero no pensar que una Comunidad Autónoma, por razones políticas, pueda decidir no aplicar o entorpecer la ley. Los únicos perjudicados serían los ciudadanos".

La responsable de Educación, Política Social y Deporte, ha charlado con los lectores de ELPAÍS.com, a quienes ha explicado que "tanto el Ministerio como las Comunidades Autónomas están haciendo importantes esfuerzos" para que la citada normativa salga adelante, por lo que "las diferencias en la aplicación de la ley obedecen al hecho de que las competencias en materia de política social están precisamente en las Comunidades Autónomas", mientras que el departamento que dirige trabaja para "garantizar unos mínimos comunes de atención".

Por supuesto, Cabrera también se ha referido al estado de la educación en nuestro país, acerca de la cual ha querido evitar el pesimismo. "Los resultados sitúan a España en el pelotón de los países de en medio, es decir, entre aquellos a los que siempre quisimos parecernos". En este sentido, anunció que su intención es iniciar un debate con las Comunidades para tratar el problema del fracaso abandono escolar por parte de los jóvenes.

Alto fracaso escolar

La ministra no dudó en reconocer que "tenemos una tasa de fracaso más alta que la de otros países de nuestro entorno", que se explica, entre otras cosas, porque "hasta los años 90 no tuvimos educación obligatoria hasta los 16 años", mientras que la mayor parte de los países europeos "empezaron a modernizar su sistema educativo mucho antes". Sin embargo, opina que esta tendencia puede cambiar. "Desde la legislatura pasada, estamos poniendo remedio a esa situación".

Por último, se refirió a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y a su polémica aplicación en la Comunidad Valenciana. "La ley permite impartir asignaturas en inglés, siempre y cuando se tengan los recursos y la preparación necesarias para garantizar su estudio", señaló, y aquí "es donde las decisiones de la Consellería valenciana están provocando una situación conflictiva que es, precisamente, lo contrario de lo que cualquier consejero de Educación debería hacer". Para Cabera, "es competencia suya poner remedio a la situación creada".

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