Camboya aísla en una aldea a portadores del sida
Tuol Sambo, en Camboya, ya es conocida como la aldea del sida. El Gobierno del país asiático ha enviado allí a 40 familias con VIH en los últimos dos meses, según denuncia la organización no gubernamental Human Rights Watch. En el aislado enclave, a 25 kilómetros de la ciudad más próxima, viven en condiciones insalubres y sin asistencia médica. Un centenar de ONG presentó el lunes una carta al primer ministro del país. Pedían el cese de los traslados y la mejora de las condiciones del lugar.
Las organizaciones denuncian que, en junio pasado, 20 familias con VIH fueron forzadas a abandonar Borei Keila, donde residían, y realojadas en Tuol Sambo. Ocurrió a pesar de las peticiones hechas al Gobierno por distintas entidades internacionales. La misma suerte corrieron otras 20 familias el 23 de julio. Las organizaciones sostienen que el enclave no cumple los niveles mínimos de salubridad que establece Médicos sin Fronteras. Los afectados viven en cobertizos, sin agua y los antirretrovirales deteriorándose por el calor.
La consejera sanitaria de Human Rights Watch, Rebeca Schleifer, recordó que el sistema inmunitario de las personas con VIH es vulnerable y afirmó que "vivir en estas condiciones puede significar la sentencia de muerte".
Sin atención médica
La aislada localización de Tuol Sambo hace imposible el acceso a atención médica, puesto que el viaje es demasiado caro para los realojados, que además tienen dificultades para encontrar trabajo en la aldea. El Ministerio de Salud ha dicho que facilitará los servicios médicos adecuados, pero hasta el momento son las organizaciones no gubernamentales las que dan acceso a los medicamentos.
La carta recoge también las quejas y temores de los desplazados. Sostienen que las paredes metálicas de los habitáculos concentran tanto calor que resulta imposible permanecer en el interior durante la tarde y temen el deterioro de la medicación.
El urbanismo podría estar detrás de los desalojos forzosos. El Gobierno de Camboya efectuó 27 en 2008. Su objetivo era ejecutar proyectos urbanísticos, según Amnistía Internacional. 23.000 personas se vieron afectadas, pero la cifra podría ascender a 150.000 si se cuentan aquellos casos de los que no existen informes oficiales.
