Camps equipara los embriones a los hijos en las ayudas a la vivienda

¿Pueden equipararse los derechos de un embrión, "desde el momento de la fecundación", con los de un ciudadano en la prestación de ayudas de carácter social? Ese es el desafío que plantea una medida del Gobierno valenciano que preside Francisco Camps, del PP. Una medida que va más allá de la protección a las mujeres embarazadas y se alinea con la oposición más dura a la nueva legislación sobre el aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sus efectos prácticos generan cierta estupefacción, pero las repercusiones de fondo pueden tener calado. El vicepresidente de la Generalitat valenciana Juan Cotino, que elaboró la Ley de Protección de la Maternidad, ha firmado, desde su nueva Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, la primera aplicación legal de esa norma. Se trata de una resolución que reconoce a los embriones (los óvulos fecundados) los mismos derechos que a los ya nacidos para la obtención de ayudas en los planes de vivienda estatal y autonómico.

La resolución, que amplía los supuestos de los beneficiarios con protección preferente previstos en ambos planes de cara a las ayudas al alquiler, la compra y la rehabilitación de viviendas, establece que "se computará que la unidad familiar de la que forme parte la mujer embarazada está integrada por uno o más miembros adicionales desde el momento de la fecundación, dependiendo del número de hijos que espere".

Para justificar este extremo, deberá aportarse un certificado médico que acredite el embarazo. El departamento de Cotino no aclaró ayer las dudas sobre las consecuencias de que, eventualmente, el embarazo no llegue a su término, en un país en el que su interrupción está despenalizada y será legal en poco tiempo, o de que puedan contabilizarse los embriones implantados en un tratamiento de reproducción asistida. "Las condiciones se verifican en el momento de la solicitud. No pueden estar sujetas a una revisión permanente", explicó una portavoz del departamento, que justificó que la medida afecte también al Plan Estatal de Vivienda, y no sólo al autonómico, porque así está previsto. El propio Ministerio de la Vivienda reconoció que las comunidades autónomas tienen la capacidad de añadir nuevos colectivos entre los beneficiarios preferentes.

El Gobierno central, sin embargo, explicó que estudia la posibilidad de recurrir la resolución porque, al aludir a derechos adquiridos en el momento de la fecundación y equipararlos a los de ciudadanos, "plantea serias dudas de legalidad", señaló el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez. En la ley española, el nasciturus, es decir, el concebido no nacido, tiene una protección constitucional propia, distinta del ciudadano.

De hecho, el artículo en el que Cotino introduce la alusión a los "miembros adicionales" de la unidad familiar es bien explícito: "ciudadanos beneficiarios de las ayudas del plan". Los socialistas valencianos anunciaron que plantearán iniciativas parlamentarias ante una norma que consideran inaplicable. "Cotino no parará hasta que convierta en ley el catecismo", comentó un portavoz del PSPV-PSOE.

El acceso a las ayudas para la vivienda es el primer paso de una nutrida serie de medidas que tiene en cartera la Generalitat en las que los embriones computarán como nuevos miembros de la unidad familiar a la hora de acceder a prestaciones. No es casualidad que la primera esté relacionada con el acceso a la vivienda. Fue Juan Cotino, desde su anterior cargo como consejero de Bienestar Social, quien impulsó el denominado Plan Más Vida, toda una contraofensiva a la reforma de la ley del aborto. Y ha sido él, desde su nuevo cargo de consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Transporte, quien ha dictado la resolución.

Detrás vendrán otras parcelas en las que se priorizará la condición de gestante. Ya sea en las convocatorias de ayudas de servicios sociales, la consideración de los "hijos no nacidos" como un miembro más a los efectos de baremación (por ejemplo, de familia numerosa) en el acceso a la educación, o la concesión de ayudas a las embarazadas en riesgo de exclusión social.

La puesta en marcha estaba prevista para inicios de 2010, pero Cotino, que también ocupa el cargo de vicepresidente social de la Generalitat, ha decidido pisar el acelerador en medio de la parálisis del Gobierno valenciano, desbordado por el caso Gürtel.