Cañete anuncia una "reforma muy profunda" de la Ley de Costas

La actual Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones, tiene los días contados. La norma sufrirá una "reforma muy profunda" para "poner en valor" el litoral, según anunció ayer el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Lo hizo en la toma de posesión de altos cargos del departamento y su discurso destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En esa línea, adelantó que "simplificará trámites ambientales", dará "seguridad jurídica" y potenciará el turismo en parques nacionales.

Cuando estaba en la oposición, el PP ya votó en el Congreso y el Senado para suavizar la ley. La idea del ministerio es estudiar cómo alargar concesiones y autorizar nuevos usos en la costa, aunque insiste en que es pronto para conocer cómo quedará finalmente la normativa.

El ministerio quiere "poner en valor" el litoral y dar "seguridad jurídica"

Populares relevantes, como Pío García Escudero, Jaime Mayor Oreja y José Manuel García-Margallo, entre otros, se reunieron la pasada legislatura con los afectados por los deslindes y las expropiaciones de la Ley de Costas y FAES, la fundación del PP, ha elaborado documentación sobre cómo reformarla. Aunque el programa electoral no citaba una modificación de la ley, Cañete adelantó una reforma a fondo para "armonizar el desarrollo económico con la debida protección de los recursos naturales".

Fuentes del departamento explican que la norma ha creado un problema de inseguridad jurídica. Además, existen presiones de países como Reino Unido o Alemania y quejas de eurodiputados porque hay extranjeros afectados.

La ley, que el Ejecutivo de Aznar no tocó, fija el uso público de toda la playa, pero no marca una distancia concreta sino que usa conceptos geográficos. Así, es dominio público la playa, las dunas, la primera línea, los marjales y hasta donde hayan llegado los mayores temporales conocidos.

Sin embargo, el trámite para trazar la línea de la zona pública, el deslinde, aún no ha concluido (está deslindado el 95% de la costa). Según los afectados, eso y la falta de control han hecho que mucha gente comprara su casa sin que ni el notario ni el banco les advirtiera de que estaba en dominio público y que como mucho podían tener una concesión de uso para 30 años, pero no una propiedad. Los ecologistas criticaron el anuncio y Greenpeace anunció "fuertes movilizaciones" porque creen que busca enladrillar la playa y consolidar ilegalidades.

En lugar de reformar la ley, el PP podía haber optado por suavizar la aplicación. Un cambio legal es muy complejo porque en los más de 20 años de ley ha habido expropiaciones y derribos de propiedades, y sus dueños ahora podrían pedir compensaciones.

El Gobierno socialista ya intentó un pequeño cambio legal pero encalló en el Congreso. Ahora, con esta reforma, lo previsible es que se alarguen las concesiones de uso, ya que miles de ellas caducan en 2018, algo que sería "dramático", según el equipo de Arias Cañete. Además, estudiarán si se autorizan nuevos usos en el litoral, actualmente limitado a pequeños chiringuitos desmontables.

Además, Arias Cañete anunció una "simplificación de la normativa ambiental" para "agilizar trámites" y que no se frene la inversión. En la línea de reducir las trabas ambientales, dijo que quiere potenciar "las actividades turísticas en los parques nacionales" y alcanzar un "pacto nacional" del agua.