Cárcel por despedir a una mujer que siguió con su embarazo
Yolanda Pablo decidió tener a su hija y se quedó sin empleo. La mujer se vio obligada a elegir entre su puesto de trabajo y la maternidad cuando ejercía como ayudante de cocina en el restaurante Taco Taco de Girona. Una sentencia del Juzgado Penal número 5 de la ciudad considera probado que el responsable del establecimiento, José Luis Rodríguez, "le manifestó que debía interrumpir el embarazo pues de lo contrario no le sería renovado el contrato de trabajo". La juez le condena a 19 meses de prisión por un delito de coacciones y a pagar 6.000 euros por daños morales.
Pablo empezó a trabajar en el restaurante en verano de 2005. Enlazó un contrato temporal con otro y, durante los 10 meses que estuvo vinculada a la empresa, entabló una relación sentimental con el cocinero del establecimiento. En febrero se quedó embarazada y en marzo se lo comunicó a Rodríguez. "Me dijeron que no querían una persona embarazada porque daba mala imagen al restaurante", sostuvo Pablo en el juicio, que se celebró el 22 de enero.
Rodríguez negó los hechos y alegó mal ambiente y bajo rendimiento para no renovarle el contrato. "El llamado mal ambiente se inicia a partir de que la perjudicada ha sido advertida por el acusado de que debe interrumpir su embarazo si desea continuar con el trabajo", recoge la sentencia.
Tareas "impropias"
La juez acusa además a Rodríguez de obligar a la mujer a desempeñar tareas "del todo impropias para una mujer embarazada", como cargar las neveras y trasladar cajas pesadas, lo que "revela un clima hostil hacia la trabajadora y una dejación de las funciones como representante de la empresa".
La sentencia concluye que "atentar contra la libertad de la mujer en relación a su maternidad y condicionar la continuidad de una relación laboral a su interrupción es rechazado de plano en nuestra sociedad en la que precisamente se trabaja en la dirección de conciliar la vida laboral y la maternidad".
El abogado de Rodríguez, Carles Monguilod, ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia de Girona. "Ni los hechos probados se ajustan a la realidad, ni la calificación jurídica se corresponde con el delito que la sentencia recoge", indicó ayer.
