Casos de bigamia y suplantación de identidad

La banda desmantelada en Castellón organizaba sólo bodas canónicas. El grupo se encargaba de tramitar toda la documentación, tanto en el Registro Civil como en las parroquias, donde debían expedirles las partidas de bautismo. El cabecilla era el encargado de falsificar todos los documentos que no habían obtenido los contrayentes y llegaba a imitar partidas de bautismo o documentos de identificación, algunos con filiaciones obtenidas de carnés sustraídos.

También se han detectado casos de bigamia en los que una misma persona se ha casado en varias ocasiones utilizando identidades falsas con el único objetivo de lograr los 3.000 euros que recibía por su "servicio". En otras ocasiones, miembros de la organización suplantaban a compatriotas.

Los matrimonios eclesiásticos les ofrecían menos problemas que los civiles, sobre todo a la hora de presentar documentación falsificada. Sin embargo, la alerta llegó a la policía ante la disparidad de los contrayentes, muchos de ellos de etnia gitana.

La primera mafia de este tipo que se desarticuló este año en España fue en Murcia donde los párrocos de varias pedanías dieron la voz de alarma para una investigación que inició la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Se calculó entonces que el número de bodas fraudulentas podía ascender a 200.

La red de Pamplona

Poco después, en marzo, la Brigada de Extranjería de Pamplona desarticuló otra red al detectar que se había incrementado el número de personas con cónyuge comunitario que reclamaban permisos de trabajo. Así, descubrió una red que introducía ilegalmente a nigerianos en España para después regularizar su situación a través de matrimonios de conveniencia. En este caso, les cobraba entre 8.000 y 15.000 euros y pagaba a los españoles entre 6.000 y 9.000 euros. Los investigadores detectaron cerca de 60 bodas blancas.

La primera de las mafias desmanteladas en la Comunidad Valenciana, a mediados de abril, tuvo también conexiones en Cataluña, ya que las detenciones de efectuaron en Valencia y Amposta (Tarragona) con un gestor como cabecilla de la trama. Y un mes después, la policía desarticuló en Valencia otra banda de matrimonios concertados, principalmente, con ciudadanos nigerianos y paquistaníes. En esta operación se descubrió cómo algunos de los afectados se enteraron de que habían usurpado su identidad al recibir una carta de agradecimiento de su "cónyuge" por colaborar en la regularización de su situación.