Catalanes, canarios y gallegos sufren las mayores listas de espera de España

Los pacientes que se operan en Cataluña de problemas tan frecuentes como cataratas, hernias o quistes esperan hasta tres veces más que los que son intervenidos en otras comunidades como La Rioja o Castilla-La Mancha. A esta conclusión se llega tras comparar las cifras de las listas de espera quirúrgica facilitadas por las autonomías a EL PAÍS. Los datos señalan que en junio de 2006 había 174.800 españoles esperando una media de 93 días para ser atendidos. Las comunidades que peor nota sacan se defienden alegando que el método de recuento no es justo con los territorios que soportan una gran carga quirúrgica y sugieren falta de transparencia en los resultados de las que salen mejor paradas.

El 78% de los españoles cree que el atasco sanitario es el principal problema del sistema

Pacientes y expertos critican que los datos no sean públicos y que nadie los inspeccione

Tiene usted cataratas y poco tiempo. Desde que le diagnostican el problema hasta que entra en quirófano pasan muchos días, pero usted podría ahorrarse bastante tiempo si se operase en Castilla-La Mancha en lugar de en Cataluña. Hasta tres meses.

La posibilidad de comparar los datos de la demora quirúrgica desglosados por autonomías no existía en España. Durante dos semanas, este periódico ha solicitado a Ceuta, Melilla y 16 comunidades los datos de sus listas de espera para publicarlos por primera vez. Madrid queda fuera del cómputo global porque se ha desmarcado del método obligado para las demás.

Las cifras obtenidas reflejan enormes diferencias entre los territorios. Los altos datos de cuatro comunidades elevan la media nacional hasta los 93 días: Cataluña, Canarias, Galicia y Cantabria. Según las cifras, el sistema sanitario catalán es el que sale peor parado, con 138 días de media. Así, los catalanes pasan en la lista de espera hasta tres veces más que un riojano, que sólo aguarda 29 días. Es la comunida que saca mejor nota. Le siguen Valencia, con 31 días de media y Castilla La-Mancha, con 44, comunidad que ha regulado por ley el tiempo máximo. Según estas normas, un castellano manchego será atendido en un período máximo de 90 días. Si se incumple este plazo, la comunidad se compromete a costear el centro que el paciente elija.

La mayoría de los territorios están por debajo de la media: País Vasco (46 días), Baleares (51), Murcia (54), Castilla y León (60), Asturias (60), Andalucía (61), Navarra (62), Extremadura (62), Aragón (70) y Ceuta y Melilla, con 43 y 55 respectivamente. Todos estos datos se basan en el número de pacientes y el tiempo medio de espera de las 11 operaciones o procesos más frecuentes (véase el gráfico). La razón de que no se publiquen es que los responsables sanitarios de las comunidades no quieren que se establezcan comparaciones que podrían ser utilizadas por los partidos políticos.

Un estudio de la Universidad de Harvard y el Foro Español de Pacientes, que agrupa a 600 asociaciones, asegura que el 78% de los españoles cree que las listas de espera son el principal problema del sistema sanitario. El peso electoral del asunto llevó a los consejeros autonómicos a un acuerdo con el ministerio; se comprometieron a facilitar todos los datos siguiendo los criterios establecidos en el año 2003 por el Gobierno (Real Decreto 605/2003) a cambio de que el Ejecutivo sólo diese la media nacional. No hay ningún órgano encargado de inspeccionar esas cifras. Las comunidades las envían al Gobierno y éste se limita a sumarlas y las da por buenas. El resultado al que ha llegado este periódico es coherente con el del ministerio y las diferencias son poco significativas.

Las explicaciones que dan las comunidades con peor nota a todo este recuento señalan la falta de transparencia de los datos y de equidad para valorarlos. Galicia, gobernada por los socialistas y el BNG, asegura que la ausencia de transparencia del Gobierno de Manuel Fraga es la causa de los malos resultados obtenidos en sus listas de espera. Los gallegos aseguran que 8.000 pacientes de la comarca de Vigo,que antes no eran contabilizados, sí han sido registrados ahora. Cataluña

matiza sus cifras alegando que la alta demora en su comunidad se explica por la gran cantidad de centros y por la gran oferta del sistema. "Se dan muchos factores sociales que hacen que aquí se dispare el número de gente que se opera", señala Montserrat Artigas, jefa de la División de Atención al Ciudadano del Servicio Catalán de Salud. Artigas aporta un dato: entre julio de 2003 y junio de 2005, se operaron en nuestra comunidad 14.000 personas más que en Andalucía. "¿Es que los oftalmólogos de aquí prescriben más operaciones? ¿O es que tenemos más demanda?", se pregunta.

Para precisar más sus datos, los catalanes piden que el ministerio solicite a las comunidades la tasa de actividad de los hospitales. "Eso serviría para que se viera que nuestros hospitales acogen a más gente y que la gestión es más complicada", señala Artigas. Por último, la jefa del departamento subraya que todos los datos se han medido siguiendo estrictamente lo que pide Sanidad, es decir, contando los días a partir de que al paciente se le prescribe la operación. "No sabemos lo que hacen las demás comunidades", concluye.

Eso es lo que critican algunos expertos. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre, señala la poca validez de unas cifras que, pese a los acuerdos, siguen obteniéndose de forma distinta dependiendo de las comunidades. "No hay un sólo método. La media de Valencia, por ejemplo, es muy baja. No les puede salir 31 días porque ellos sólo empiezan a contar a partir de 60. A los pacientes se les ofrece entonces una clínica privada. Tanto si la acepta como si no, son borrados de la lista", explica.

Lo que hacen las autoridades sanitarias no está claro. Lo que deberían hacer, sí, según señalan las asociaciones de usuarios de la sanidad pública española. El artículo 3.5 de la ley 30/92, que regula el funcionamiento de la administración pública, señala que "en sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación".

Con información de: Mónica C. Belaza (Madrid), Eduardo Azumendi (Vitoria), David Casals (Barcelona), Sonia Vizoso (Santiago de Compostela) y Reyes Rincón (Granada).