Ciencia acusa a Barbacid de ir contra la "ética científica"

El Ministerio de Ciencia e Innovación negó ayer que la investigación de Mariano Barbacid en el Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para un nuevo fármaco contra el cáncer de pulmón esté comprometida por falta de financiación, tal y como había asegurado el propio investigador. Ciencia calificó como "graves" las declaraciones de Barbacid, y aseguró que el proyecto aún tiene asignados 8,7 millones de euros sin recibir.

Tras la polémica desatada, Ciencia llevará las palabras del investigador, que ayer rehusó hablar del asunto, ante el patronato del CNIO, ya que considera que pueden ir "más allá de los límites de la deontología profesional". El ministerio que dirige Cristina Garmendia acusó en un comunicado al científico y director del centro -que había definido las conclusiones de sus trabajos como "trascendentes"- de "jugar con el dolor y el miedo de la población", y de dar falsas expectativas sobre la lucha contra el cáncer y los posibles resultados del fármaco que investiga. Algo que considera "contrario a toda ética científica".

Las relaciones entre Ciencia y Barbacid ya eran tensas desde hace tiempo. Y más desde septiembre de 2010, cuando el investigador presentó su dimisión como director del CNIO por desacuerdos en el modelo de financiación. Barbacid, sin embargo, sigue como director interino ya que el ministerio no ha encontrado sustituto.

"Ningún proyecto científico de calidad y de interés prioritario para el país, como son los relacionados con la investigación del cáncer, corre peligro de verse frustrado por falta de financiación pública", asegura Ciencia, que sostiene que el CNIO tiene fondos por valor de 58,6 millones de euros, procedentes de ayudas y pendientes de ejecutar, de los que Barbacid puede disponer para financiar eventuales proyectos.

El modelo que propone el investigador, el de crear una agrupación de intereses económicos (AIE) para explotar las patentes conseguidas por el CNIO, es "ilegal" según Ciencia e Innovación, que sostiene que así lo han definido un informe jurídico y la Abogacía del Estado. La ley, afirma, "no permite que las fundaciones públicas participen en este tipo de agrupaciones porque implica que responden ante posibles deudas, y por lo tanto se pondría en peligro su patrimonio".

Ciencia aseguró que trabaja en la búsqueda de un modelo de colaboración de económica con empresas privadas "dentro de la legalidad y libre de riesgos". "No es Ciencia quien impide la constitución de una AIE dentro del CNIO, sino la ley", reitera.