Condena millonaria a Uralita por intoxicar a vecinos de Barcelona

Uralita no solo debió velar por sus trabajadores. También tendría que haberse asegurado de que los vecinos que vivían alrededor de sus fábricas no respiraran las fibras de amianto que se desprendían durante la fabricación de fibrocemento y que podían derivar en graves problemas respiratorios y cánceres mortales. Esto es lo que le ocurrió a al menos 45 vecinos de Cerdanyola y Ripollet, a 15 kilómetros de Barcelona. Así lo ha dictado un juez de primera instancia: Uralita deberá indemnizarles con 3,9 millones de euros. La empresa aseguró que recurrirá la sentencia.

Todos los abogados consultados coinciden en calificar de pionera la decisión judicial, ya que sienta un precedente muy importante y abre la puerta a que otros afectados de las fábricas de Uralita presenten nuevas demandas. El amianto, un mineral con espectaculares cualidades -ligero, resistente, barato, aislante, ignífugo...-, tuvo cientos de usos, desde tuberías a secadores de pelo, hasta que se prohibió en 2001. Uralita usaba las fibras del material para fabricar fibrocemento en sus factorías de Cerdanyola, Getafe, Alicante, Sevilla y Valladolid.

Ahora, la empresa y otras del sector se enfrentan en los tribunales en decenas de juicios con sus antiguos trabajadores, que enfermaron por inhalar fibras de amianto y acusan a la compañía de no haberles proporcionado suficientes medidas de seguridad. Sin embargo, la sentencia de ayer da un paso histórico, al reconocer por primera vez que la empresa puso también en peligro a los vecinos que vivían junto a la fábrica de Cerdanyola. Algunos de ellos enfermaron. Inhalaron las fibras mortales que salían por las ventanas de la fábrica. O que se desprendían de los restos de tubos y placas que había esparcidos por las calles. O de la ropa de los vecinos que trabajaban para Uralita. Y el juez considera que tienen derecho a recibir indemnizaciones que van de los 40.000 a los 470.000 euros, según las afecciones que padecen en la actualidad.

"No esperábamos sentencia tan pronto. Estamos contentos. No por las indemnizaciones, sino por el reconocimiento. Uralita nos contaminó, y eso ha quedado claro", valoró ayer Jesús Ferrer, miembro del grupo demandante, organizado a través de la Asociación de Afectados por Amianto. Él acudió junto a otros cinco miembros del grupo a Madrid durante el proceso judicial de junio. "Esperamos haber abierto una vía para los escépticos. Se puede ganar a Uralita, aunque sea grande e importante. Ojalá que otros enfermos se animen a exigir sus derechos", explicó.

"Uralita recurrirá y peleará, porque no quiere un precedente así. Si logramos una sentencia en firme, pueden comenzar a llegarles más y más reclamaciones. Sobre todo teniendo en cuenta que las enfermedades por amianto tienen un periodo de latencia de al menos 20 años, por lo que muchos casos pueden comenzar a manifestarse ahora", señaló Jordi Calvo, socio del despacho Roca Junyent, abogados de los afectados.

El grueso de los 45 demandantes cuya petición ha prosperado (otros dos casos han sido desestimados) padece placas pleurales. Estos endurecimientos sobre los pulmones que se ocasionan cuando fibras de amianto se incrustan en ellos, pueden causar desde molestias leves al respirar a la necesidad de usar una bombona de oxígeno, como le ocurre a Teresa L. T. Algunos de los indemnizados, ya fallecidos, sufrieron un mesotelioma, un cáncer mortal, como Antonio E. M. Casi todas las indemnizaciones incluyen además una cantidad relativa a "daños morales", algo que sus abogados pedían basándose en que sus enfermedades son incurables y exigen un control permanente.

Uralita no quiso ayer valorar la sentencia. Un portavoz se limitó a indicar que están analizándola, y solo han decidido que la recurrirán ante la Audiencia Provincial de Madrid. En el juicio, celebrado en Madrid porque la multinacional tiene allí la sede social, sus abogados insistieron en dos ideas: que siempre cumplieron la ley vigente y que en realidad los afectados pudieron estar expuestos a otros posibles focos de inhalación de amianto, como fábricas textiles o trenes.

En la sentencia, el juez rechaza ambos argumentos. "La culpa no se elimina con el simple cumplimiento de prevenciones legales y reglamentarias, si se revelan insuficientes para evitar el daño", indica. Incluye legislaciones y normativas de seguridad que desde los años cuarenta alertaban sobre la peligrosidad del amianto. "Queda acreditada la relación de causalidad entre la actividad industrial" y las "condiciones suficientes y necesarias para un ambiente contaminado" que podía tener consecuencias fatales "en la población circundante a la fábrica o familiares de los trabajadores".