El Congreso aprueba la Ley de la Ciencia y pasa al Senado

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso ha aprobado la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que fue remitida por el Gobierno al Parlamento en mayo del año pasado y que ahora pasa al Senado. El plan es que la nueva Ley entre en vigor en mayo, en cualquier caso antes del verano. Las modificaciones realizas en el Congreso respecto al texto aprobado por el Gobierno se centran principalmente en la parte de innovación, en concreto en los aspectos de elaboración de estrategias y el reconocimiento de los sistemas de I+D+i de las comunidades autónomas, sin alterar el tema clave de la creación de una carrera científica.

La Ley ha recibido el apoyo del PSOE, el PP, ERC, CiU, PNV y el Grupo Mixto, pero mientras que IU-ICV ha manifestado su disconformidad. La elaboración de la nueva Ley arrancó prácticamente con la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación hace casi tres años y el primer borrador se conoció a principios de 2009.

Juana Serna, diputada del PSOE ha manifestado su enorme satisfacción por la aprobación del documento y ha destacado como esencial la incorporación de la innovación al sistema español de I+D así como la creación de un Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (este último elemento añadido en el Congreso). La coordinación de los órganos estatales con las comunidades autónomas es un punto destacado de la gobernanza del sistema a partir de ahora, ha insistido. El documento aprobado en el Congreso "explicita el pacto acordado en enero de 2009 entre el Gobierno Central y el Gobierno Vasco de transferencia de la I+D+i", ha explicado Serna.

Con las enmiendas aportadas en el Congreso al texto de la Ley "se han dado pasos adelante", ha declarado Gabriel Elorriaga, diputado del PP, si bien se mantienen aspectos sin resolver. Por ejemplo, "no se aborda un problema importante, los incentivos fiscales para dar verdadero apoyo y potenciar el mecenazgo", ha señalado el diputado popular, informa Europa Press. El PP ha votado a favor de la ley.

Para el líder de IU, Gaspar Llamazares, el texto final es "negativo" para el personal científico ya que no se resuelve la precariedad del sector y la ley carece de una memoria económica.

El Congreso no ha hecho modificaciones en el aspecto considerado fundamental de estructuración de una carrera científica basada en la evaluación del trabajo de los investigadores como base de su estabilidad laboral, como propusieron expertos y organizaciones científicas. La nueva Ley, que debe sustituir a la de 1986, mantiene el sistema actual de funcionariado para los científicos en el sistema público de I+D, añadiendo un contrato de acceso de cinco años no prorrogables y con evaluaciones de los resultados obtenidos por el investigador que se tendrán en cuenta a la hora de optar a una plaza de funcionario. Este contrato es una novedad de la Ley, pero desemboca en el mismo cuello de botella de las oposiciones actuales a científico funcionario. Una novedad son los contratos laborales predoctorales, de cuatro años, en lugar del sistema de becas actuales.

En cuanto a la creación de una Agencia de la Investigación que el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene todavía pendiente de poner en marcha, los diputados han puesto el plazo de un año para su creación.