"Creíamos que nos iban a arrebatar a la niña"

Miedo, desamparo, indefensión, nervios. Fueron las sensaciones que experimentó el matrimonio formado por Susana Meseguer y Vanesa de las Heras al ver que, en el proceso de adopción por De las Heras de la hija de Meseguer, el juez de Familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita no sólo pedía pruebas de la idoneidad de la adoptante, sino también de la madre biológica. "Llegamos a pensar que nos podían arrebatar a nuestra hija cuando el juez nombró como defensor judicial a la Dirección General de la Familia", aseguró De las Heras ante el tribunal que juzga a Ferrín por prevaricación en un proceso que podría terminar con su separación de la judicatura.

En la segunda jornada del juicio que se sigue contra el magistrado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, además del matrimonio homoparental, comparecieron los psicólogos, trabajadores sociales y técnicos de la Dirección General de la Familia de Murcia que informaron una y otra vez a favor de la adopción de la hija de Messeguer por De las Heras. A pesar de ello, Ferrín Calamita dilató durante casi dos años un asunto sin complicaciones, que suele durar unas semanas. Hasta que fue suspendido en febrero por el Poder Judicial después de que la pareja se querellara contra él por prevaricación.

Tanto la psicóloga como la trabajadora social del equipo social del juzgado de Familia 9, del que es titular el juez Ferrín, manifestaron ayer que el caso de Meseguer y De las Heras era el primero en que un juez pedía un informe sobre la idoneidad de la pareja (también sobre la madre biológica) en un caso de adopción por el cónyuge de la madre. El artículo 176 del Código Civil establece que no es necesario este tipo de valoraciones cuando el menor "es hijo del consorte del adoptante".

En el primer informe, firmado por ellas, reflejaron que "el hecho de que se diera o no la adopción no iba a suponer un cambio en la niña, porque la adopción sólo suponía regular una situación de hecho que se iba a seguir dando", dijo la psicóloga del equipo del juzgado Encarnación Cuenca, que aseguró que la menor iba a seguir viviendo con su madre y la esposa de ésta.

La trabajadora social fue aún más allá al manifestar ante los magistrados que se mostraron favorables a la adopción porque iba a mejorar los vínculos afectivos y legales con la madre adoptiva, lo que daría a la menor determinados derechos -como la herencia, por ejemplo- en caso de que, con el tiempo, Meseguer y De las Heras se divorciaran. En ese mismo sentido de manifestó el Ministerio Fiscal, máximo garante del interés superior del menor según la ley.

También declaró la letrada de la Dirección General de Familia de Murcia, organismo al que Ferrín nombró como defensor judicial de la niña al entender que existía "un conflicto de intereses" entre ella y su madre biológica. En su comparecencia dijo que nunca se había recibido una petición semejante y la calificó de "novedosa". La dirección general sólo había ejercido ese papel en juicios penales -no en adopciones- por delitos cometidos por menores de edad.

El informe de este organismo, muy extenso y pormenorizado, también informaba favorablemente la adopción, pero Ferrín Calamita pidió una ampliación por entender que no explicaba si un menor que crezca en una familia homoparental tiene mayor riesgo de ser homosexual.

Además, exigió que respondieran a esa pregunta todos y cada uno de los psicólogos de la dirección general. "Entendimos que no se podía contestar a esa cuestión", declaró por su parte el jefe de servicio de Menores de Murcia, José Antonio Parra, que confirmó que era "la primera vez que se cuestionaba a la madre biológica" y la única adopción por el cónyuge "en la que se nombraba defensor judicial a la Dirección General de la Familia".

El último en declarar fue el Secretario Judicial del juzgado de Ferrín Calamita, Francisco García Rivas, que confirmó que advirtió al juez de que en casos como la adopción la ley establece que no es necesario abogado y procurador. El juez no sólo hizo oídos sordos, sino que cuestionó que la letrada de Meseguer y De las Heras fuera realmente abogada.