El Defensor del Pueblo, contra el Gobierno por su opacidad ambiental

La Oficina del Defensor del Pueblo acaba de propinar un duro varapalo al Gobierno por su política ambiental. En una resolución, considera que el Gobierno incumplió la legislación europea y estatal de transparencia ambiental al enviar al Congreso las leyes de Navegación Marítima y la de Puertos sin informar a las ONG de Medio Ambiente, pese a incluir en ambas leyes rebajas de la protección del litoral. El Ejecutivo sorteó así sus críticas y la participación pública. El texto da la razón a WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y SEO/Birdlife, que presentaron la queja.

El Gobierno consideró que estas normas no debían pasar por el Consejo Asesor de Medio Ambiente -donde están las ONG- ya que el impulsor de las normas eran los Ministerios de Fomento y Justicia. El Ejecutivo solo informa a las ONG de los proyectos del Ministerio de Medio Ambiente, considera que el resto no son "normas ambientales". En estas dos leyes incluyó dos reformas de la Ley de Costas: permitía la venta de concesiones de casas construidas en la playa y facilitaba la conversión de faros en hoteles. De ninguna informó a su consejo asesor en el tema.

La defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, discrepa radicalmente del criterio del Gobierno: "Una simple lectura de la Ley de Navegación Marítima revela que buscaba regular una serie de materias con clara incidencia ambiental", como la contaminación en el mar o la reforma de la Ley de Costas. Sobre la Ley de Puertos, afirma que supone "una rebaja en la protección del mar y de la costa, en especial de los faros, que suelen ser enclaves bien conservados".

La ex ministra de Medio Ambiente Elena Espinosa, responsable cuando el Gobierno aprobó las dos normas, defendió que las leyes se aprobaron de manera transparente. Ahora la resolución obliga a cambiar el criterio.