La Defensora del Pueblo pide que se alivie el impuesto de bienes inmuebles

Las quejas de orden económico, sobre el funcionamiento de los bancos, el incremento de impuestos y los recortes salariales, copan el grueso de las recibidas en la oficina del Defensor del Pueblo que dirige María Luisa Cava. Pero los ciudadanos también se han encontrado con obstáculos de índole social. Por ejemplo, no entienden la dispar atención en el sistema sanitario según la comunidad autónoma, las listas de espera o que haya 17 modelos de copago en la Ley de Dependencia.

En lo que respecta a Extranjería, la defensora ha insistido hoy en que han hecho saber al Ministerio del Interior su desacuerdo con la circular 1/2010, que ha motivado las quejas de personas y colectivos por "prácticas abusivas por parte de agentes policiales en la identificación y detención de ciudadanos extranjeros". La oficina del Defensor sigue recibiendo quejas al respecto y mantiene "una actitud vigilante".

La defensora se ha referido también a la tarea encomendada por las Cortes a su oficina para la prevención de la tortura, por la cual se visitaron el año pasado 231 centros de privación de libertad. "Suelo visitar las cárceles cuando viajo al extranjero, y puedo decir que las españolas, en comparación con otras, son aceptables, aunque pueden mejorar. Nos preocupa enormemente el hacinamiento y hemos propuesto que se tomen medidas alternativas a la prisión para impedir que haya tantos presos", ha dicho Cava esta mañana después de entregar al presidente del Congreso, José Bono, el informe sobre las quejas ciudadanas correspondiente a 2010.

Respecto a los centros de internamiento y protección de menores, que ya tuvieron un informe monográfico por parte del Defensor del Pueblo muy duro, Cava cree que "su situación ha mejorado notablemente", aunque siguen siendo objeto de "control riguroso". "Nuestras visitas son exhaustivas y sorpresivas, nos entrevistamos con los internos, abrimos los grifos de las duchas, destapamos las cacerolas en las cocinas, miramos la fecha de caducidad de los yogures", ha destacado la defensora.

En 2010 se tramitaron un total de 34.674 quejas en esta oficina, un 56% más que el año anterior, una abultada cifra que responde a las reclamaciones colectivas recibidas: las actuaciones de los bancos, los recortes salariales de los funcionarios y el incremento de impuestos han generado miles de quejas. La oficina del Defensor del Pueblo ha iniciado los trámites encaminados a intentar que la Administración alivie la carga impositiva que han de afrontar algunos contribuyentes por el impuesto de bienes inmuebles, tras las sucesivas revisiones de los valores catastrales. La defensora también considera que es necesaria "una nueva regulación de los supuestos de impago de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzando hacia fórmulas de dación en pago", o sea, que la entrega de la vivienda sea suficiente para cancelar la deuda contraída por no pagar la hipoteca.

Sobre medio ambiente, el informe pone de manifiesto las quejas ciudadanas por los estudios de impacto ambiental ante las obras de infraestructuras o de urbanización "que quedan reducidos en muchas ocasiones a meros trámites". La defensora critica también las leyes que aprueban los parlamentos autonómicos en ocasiones para sortear las restricciones que ya existen sobre zonas de especial protección medioambiental.

En materia educativa, el informe "lamenta" que no se haya alcanzado un pacto social y político por la educación, y solicita que se reanuden los esfuerzos para ello.