Dependencia 'low cost'
Dicen que no hay peor mentira que una verdad a medias. Es muy de agradecer que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad aporte algunos datos de gestión de los cuatro años transcurridos de Ley de Dependencia, pero no es menos cierto que en su mayor parte se trata de datos que ya eran más o menos conocidos. Ninguna novedad. En palabras de la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, "a esta Ley se le está exigiendo más que a ninguna otra". Es posible. Puede que sea una osadía pedirle a los gobernantes que las leyes sean cumplidas y que la gestión sea transparente, ¡a quién se le ocurre!
En todo este asunto sigue habiendo una obstinada opacidad de algunos datos clave que darían dimensión a los problemas que hemos de abordar con urgencia en materia de dependencia.
Un ejemplo de zona oscura: se presta ayuda a domicilio a unas cien mil personas dependientes (la mitad de ellas andaluzas, por cierto). ¿Podría alguien aclararnos con qué intensidad horaria por territorios? Si los datos de intensidad, conocidos pero deliberadamente ocultados, mostrasen que los grandes dependientes con ayuda a domicilio reciben de media menos de 50 horas mensuales de atención (menos de dos horas/día de lunes a viernes), se haría patente que el sistema se quita del medio a estas personas con unas atenciones low cost claramente insuficientes dada la gravedad de estos casos. Claro está que dependiendo de la comunidad autónoma en que se resida, la atención será más o menos intensa. Publiquen esas diferencias territoriales y sabremos hacia dónde hemos de ir y, en algún caso, a quién no votar nunca más. Ya sabemos que Madrid, Valencia y Canarias suelen ocupar los últimos puestos en muchos indicadores, pero ofrezcan datos más afinados de un sistema que pagamos todos y todas para saber qué responsabilidades exigir y a quién.
Era un dato conocido que la Administración del Estado lleva aportados más de 5.000 millones de euros desde 2007 en este asunto de la dependencia y que ha superado las previsiones iniciales. El verdadero arcano es conocer cuánto aporta cada comunidad autónoma al invento. La compleja creatividad contable de los entes autonómicos permite una jugada muy interesante: computar como gasto en dependencia el que ya se venía realizando en materia de servicios sociales a las personas dependientes. Trampa. Distíngase entre gasto ex novo y gasto que ya venía siendo asumido. Cotéjese el gasto ex novo (de haberlo) con los recortes que se están perpetrando en otros servicios sociales vitales y el descubrimiento podría ser que algunos -como venimos denunciando- podrían incluso haber hecho caja por la vía de la nueva aportación estatal a la dependencia, además de haber conseguido un ruidoso argumento para el recorte de los servicios sociales básicos, cuyas trágicas consecuencias ya asoman.
Estamos a tiempo de rectificar muchas cosas. Se han incumplido los plazos de evaluación que marca la ley misma y mucho nos tememos que la verdadera transparencia habría pasado por informar de antemano qué, quién y cómo se va a evaluar esta política. Así, cuando esté realizada nos evitaremos el sonrojo de ver cómo se nos hurtan los datos que no sean presentables. Ojalá evaluemos pronto y bien.
PD: A riesgo de ser demagógico: ¿saben cuánto nos costaron las prestaciones por desempleo solo de los últimos 60 días?, pues el equivalente a la aportación estatal a la atención a la dependencia desde su entrada en vigor, hace más de cuatro años. Si es verdad que la atención a la dependencia ha generado 120.000 empleos funcionando a medio gas... no creo que haya que ser Nobel de economía para atar cabos y vislumbrar el camino.
LUIS BARRIGA (Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales)
