Desconcierto en la izquierda

Escandalizada ante las declaraciones de los obispos, irritada por las manifestaciones callejeras promovidas desde la jerarquía eclesiástica y por el ataque sistemático de la radio episcopal, la izquierda laicista no acierta a comprender la postura del Gobierno, singularmente en materia de financiación, y reclama un cambio drástico en el modelo de relaciones con la Iglesia.

La duda atraviesa las filas del PSOE y del propio Ejecutivo, pero no hasta el punto de desencadenar un cambio de estrategia, ni de modificar los acuerdos con la Santa Sede. El Gobierno socialista y su partido han aceptado la presencia pública de la Iglesia en la sociedad y su nuevo afán es evitar que el resto de las confesiones se sientan discriminadas en una España cada vez más plural en lo religioso. El modelo italiano ha sustituido a la referencia francesa de separación radical Iglesia-Estado, tan apreciada por las izquierdas clásicas españolas.

A pesar de haber sido acogida con cierto alborozo en medios vaticanos, la cesión del 0,7% del IRPF tampoco parece ser la panacea que imaginan los laicistas más críticos.

"Hasta ahora, el Estado cubría la diferencia entre la recaudación por el 0,52% del IRPF y el presupuesto de la Conferencia Episcopal, unos 30 millones de euros anuales, pero a partir de ahora tendrán que financiarse exclusivamente con el 0,7% y hay que tener en cuenta que el número de contribuyentes que marca la equis en la casilla de la Iglesia ha ido disminuyendo", indica un responsable de la Administración. Tampoco se puede ignorar que los sacerdotes españoles son, sin excepción, mileuristas de tramo bajo -su salario anual viene a ser unos 12.000 euros brutos, aunque tienen alojamiento gratis-.

Fundir las subvenciones directas a la Iglesia con las cuantiosas ayudas públicas destinadas a la conservación del rico patrimonio histórico artístico religioso, al mantenimiento de los centros escolares y hospitalarios bajo tutela eclesiástica y a las grandes ONG, como Cáritas, no deja de ser una manera de hacer las cuentas del Gran Capitán. Y aunque la Iglesia católica es una poderosísima organización multinacional (desde el desmembramiento de la Unión Soviética no hay una estructura similar en el mundo), justo es reconocer que, además de confortar las necesidades espirituales de buena parte de la población, cumple una labor social impagable, preferentemente en ámbitos como el de la inmigración o la marginalidad, y puede ser un valioso aliado en el desarrollo de una cultura de integración en las virtudes cívicas.

"Si miramos más allá de Francia, nos encontramos con que también en otros países las confesiones religiosas están presentes en la vida pública", destaca la directora de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico. En Alemania, modelo que políticos como Azaña e intelectuales como Ortega estudiaron a fondo en la República, la Iglesia tiene estatus de "corporación de Derecho público" y capacidad recaudatoria, aunque allí los católicos no pueden destinar a su Iglesia una parte de su IRPF, sino que deben que pagar un impuesto específico voluntario para poder disponer de los servicios religiosos.

"La cuestión a debate en la Iglesia alemana es si se debe dar de comulgar o no a los divorciados. Piense ahora en los políticos españoles divorciados que alardean de catolicismo y verá la diferencia a la hora de entender la religión", apunta Rico.

Con un sistema similar al español, los católicos italianos pueden derivar a su Iglesia el 1% del IRPF y los húngaros el 0,9%. En Bélgica, se plantean abrir la participación en el IRPF, no sólo a las religiones, sino también a las asociaciones de ateos espiritualistas, colectivos que han empezado a aflorar también en España.

En Rusia, el Gobierno abona directamente los salarios de los sacerdotes y en el Reino Unido es el Estado el que nombra a los obispos y al alto clero, de acuerdo con una terna propuesta por la jerarquía eclesiástica. Allí, la Iglesia tiene carácter nacional.

"Dentro de la Iglesia siempre ha habido formas distintas de entender las relaciones con el Estado, pero lo que nos preocupa es el corrimiento de fondo actual en el que lo que prima no es la racionalidad y la búsqueda de acuerdos, sino la rienda suelta de la esfera de los sentimientos", indica un sacerdote estrechamente vinculado a la jerarquía eclesiástica. "El derecho que nos asiste a exponer nuestra visión de las leyes no tiene por qué dar lugar a manifestaciones que responden, quizás, a móviles personales de determinados miembros de la Iglesia. Ni en el Gobierno, ni en la Iglesia hay una visión unitaria sobre la actitud a adoptar", subraya.

Entonces, ¿quién manda en la Iglesia?, le pregunto.

-El poder en la Iglesia es poliédrico. Los obispos, aunque sean cardenales, son una voz, el conjunto de la jerarquía es otra, y luego está el Santo Padre.

-¿Qué representan los obispos manifestantes?

-Se representan a sí mismos. Las expresiones de la Conferencia Episcopal sólo son vinculantes para las diócesis cuando se trata de la doctrina de la Iglesia; en el resto de los casos se trata de meras instrucciones.

-¿También Rouco Varela se representa a sí mismo?

-El cardenal de Madrid se representa a sí mismo. La fotografía de los obispos en manifestación no se corresponde con la actitud que ha mantenido la Iglesia.

-¿Y por qué callan los obispos moderados?

-Para evitar enfrentamientos públicos.

-¿Cuál es la posición de la Iglesia sobre la asignatura Educación para la ciudadanía?

-Yo le he oído decir a Ricardo Blázquez que la Conferencia Episcopal no tiene nada contra la Educación para la ciudadanía. Otra cosa es si se le dota a esa asignatura de contenidos que no respetan la moral católica, pero creo que las cosas van por buen camino. Nos preocupa mucho el clima que se ha instalado en la sociedad.

-Le recuerdo que la Conferencia Episcopal es la propietaria de la Cope.

-El asunto se ha debatido y somos muchos los que no alcanzamos a comprender por qué no se hace nada.

Tampoco en el Gobierno entienden la resistencia de la Iglesia a remover a Federico Jiménez Losantos de su púlpito radiofónico. "Cuando Ricardo Blázquez tomó posesión de su cargo, nos dijo que estaba decidido a resolver el problema, pero que necesitaba tiempo. Han pasado tres años y le han seguido renovando el contrato. Los obispos no se atreven con él. Además, tiene un contrato blindado que dificulta las cosas. Él gana mucho dinero, pero les hace ganar mucho más", señala una fuente gubernamental.

Las persistentes protestas diplomáticas ante la Santa Sede -la más reciente, cuando el comentarista de la Cope pidió la abdicación del Rey-, no han logrado otro efecto en la Secretaría de Estado vaticana que el de recabar informes, tanto a la Conferencia Episcopal, como al director de la Cope, Alfonso Coronel de Palma, anterior secretario general de la Asociación Católica de Propagandistas.

Con todo, el embajador de España en el Vaticano, Francisco Vázquez, cree que el conflicto está en vías de solución. "Las relaciones han mejorado últimamente y cabe pensar que en mayo próximo la Conferencia Episcopal no renovará el contrato a Jiménez Losantos. Al Vaticano no le gusta que desde sus medios se ataque a las instituciones de los estados".