Difamar no siempre sale gratis

Difamar en Internet no siempre sale gratis, aunque para ello el difamado tenga que gastarse mucho dinero. Por principio, la aplicación de las leyes sobre difamación, calumnias, derecho al honor o a la intimidad no deberían variar según el medio de comunicación empleado para la afrenta, sea un periódico o un blog. Sin embargo, antes de la era Internet siempre fue más fácil aplicar la ley sobre un medio impreso que sobre uno radiofónico. Ha habido más condenas por lo leído que por lo voceado o visto.

El advenimiento de Internet, primero, y sus redes sociales, después, han facilitado que el rumor, el chascarrillo o la maledicencia lleguen mucho más allá del patio de vecinos y, peor aún, que se perpetúen en el tiempo, por escrito y anónimamente, lo que dificulta la aplicación de las leyes.

Sin embargo, aunque escasas, ya empieza a haber sentencias que castigan la difamación en la Red, al igual que en cualquier otro medio. En España, el caso más sonado es la condena a la Asociación de Internautas por alojar la página Putasgae.org, que ya previamente había sido condenada. Tras siete años en los tribunales, en diciembre el Tribunal Supremo obligó a la asociación a indemnizar con 36.000 euros a la SGAE y a su presidente por los contenidos atentatorios contra el derecho al honor de los demandantes.

Por llamarle "tortuga", entre otras lindezas, el piloto de fórmula 1 Rubens Barrichello consiguió que se condenara a Google en Brasil por lo mismo: albergar en su servicio de redes sociales cientos de perfiles falsos de Barrichello. A falta de encontrar al autor de los comentarios injuriosos, el juez suele responsabilizar a quien los aloja. Google tuvo que pagarle al piloto 500.000 dólares, además de retirar esos perfiles.

Uno de los primeros casos por calumnias en Internet, en el 2000, se dio entre dos médicos norteamericanos. El patólogo Jonathan Oppenheimer envió a Yahoo! mensajes con el seudónimo Fbiinformat acusando al urólogo Sam Graham de aceptar comisiones mientras trabajaba en la Universidad de Emory.

Fueron necesarios siete meses de trabajos para que los abogados de Graham descubrieran quién estaba detrás de los mensajes. El abogado especialista Kurt Wimmer declaró entonces a The New York Times: "Si uno difama a alguien anónimamente y se descubre su identidad, se aplican las leyes antilibelo. Es así en Internet y es así fuera de Internet".