"Dispuestas a todo"

Las clínicas de abortos están "dispuestas a todo", según señala la vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas de Interrupción de Embarazo (ACAI) Marisa Castro. Durante los últimos meses han sufrido agresivas manifestaciones frente a sus centros, destrozos de las instalaciones, amenazas y coacciones al personal sanitario y a las mujeres que entran y salen de los centros e inspecciones constantes por parte de algunas consejerías de sanidad, como la madrileña. El último episodio que denuncian es la investigación judicial contra la clínica Isadora, en Madrid, que está llevando a declarar ante la Guardia Civil a unas 25 mujeres que se han sometido a abortos.

El lunes se reúnen los centros para decidir las acciones que van a seguir

"Ya está bien", señala Castro. "Hemos llegado al límite. Yo ya me manifestaba a favor del aborto durante la dictadura y no puede ser que estemos así en pleno siglo XXI por una caza de brujas encabezada por grupos integristas católicos. El lunes nos reuniremos y decidiremos las próximas medidas, pero desde luego no vamos a tolerar que este acoso continúe, añade". ACAI asegura que las pacientes y los sanitarios están siendo objeto de "una persecución política sin precedentes" y que habrá que estudiar atentamente a qué obedecen las recientes acciones judiciales y actuar en consecuencia. Las clínicas privadas realizan el 98% de los abortos que se practican cada año -más de 100.000 en 2006-.

La semana comenzó con un paro histórico: la mayoría de las clínicas decidieron cerrar sus quirófanos durante cinco días con el fin de pedir mayor seguridad jurídica para las mujeres que interrumpen su embarazo y los profesionales que trabajan en ellas. Lo que suponía que unas 2.000 personas no podrían abortar. Y terminó con la Guardia Civil presentándose en las casas de mujeres que habían abortado en febrero de 2007 en el centro Isadora para citarlas como testigos en la causa contra la clínica.

Las actuaciones judiciales tienen como origen una denuncia sobre supuestas irregularidades en la gestión de los residuos orgánicos y clínicos que presentó en 2006 una plataforma antiabortista llamada La Vida Importa. Una de las mujeres relató a EL PAÍS que dos agentes del Seprona se presentaron en su casa el jueves a las ocho de la tarde mientras bañaba a sus dos hijos y lo primero que le dijeron fue: "Usted abortó en febrero del año pasado y tiene que prestar declaración". La mujer, de 31 años, se queja de que si las diligencias versan sobre la eliminación de residuos, poco puede aportar ella. Y, si se trata de una cuestión de abortos ilegales, no se entiende que los agentes que la citaron fueran del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil). Además, tenían en su poder los expedientes de algunas pacientes y llegaron incluso a mostrarle uno, de una chica de 15 años. "Tiene que entender que hay una gran alarma social", le dijeron.

ACAI señala en un comunicado que hay un "interés claro en perpetuar una causa pese a que el Instituto Anatómico Forense falló que los restos orgánicos, que avalarían supuestamente la comisión de abortos ilegales, no eran probatorios de ilegalidad alguna". No había fetos de más de 22 semanas, que es el máximo para el que la clínica tiene autorización. Ningún médico ni empleado de Isadora ha sido citado hasta el momento.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, emplazó ayer en Valladolid al Gobierno a que "no mire para otra parte" en la "caza de brujas" que se está llevando a cabo contra las clínicas por parte de "sectores ultraconservadores" después de la "reciente movilización o asonada clerical". El responsable de IU recordó que su formación incluirá en el programa electoral una propuesta de ley de plazos "que de garantías plenas en las primeras 14 semanas para el ejercicio del aborto, sin ningún tipo de restricciones", y acusó al Gobierno de haber favorecido indirectamente la actual situación por no haber modificado la ley del aborto en esta legislatura.

González, partidario de una ley de plazos del aborto